La economía chilena ha sufrido un importante freno en sus inversiones, en parte porque las empresas han enfrentado un ambiente institucional más incierto. Este proviene de las reformas que el gobierno de la Nueva Mayoría ha impulsado, cuyos personeros los han justificado con un discurso crítico del modelo en el que se desenvuelve la actividad productiva, caracterizado, al decir de esos críticos, por un "afán de lucro" generador de desigualdades.

Varias de las grandes empresas del país han reforzado la búsqueda de oportunidades de inversión en otros países -y las han hallado-, tanto dentro de la región como fuera de ella, lo que ilustra que en el mundo contemporáneo los países pierden competitividad cuando escogen reglas institucionales que alejan a los agentes en vez de atraerlos.

Sin embargo, y a pesar del clima antes mencionado, la economía chilena sigue siendo capaz de generar propuestas de inversión, y por esa razón, hay compañías extranjeras que siguen invirtiendo en Chile, y empresas nacionales que tienen interesantes proyectos de inversión en carpeta. El ambiente mundial actual, algo más optimista luego de cumplirse 10 años de los eventos que dieron lugar a la Gran Recesión de 2008, permite anticipar que esas oportunidades se ampliarán en los próximos años.

Pero para que ellas puedan implementarse, esos proyectos deben superar una barrera que crecientemente está actuando como un importante freno para la economía. Se trata de la judicialización de los proyectos que se presentan a las distintas instancias de aprobación estatal, sean estas de carácter ambiental o de aquellas que requieren consultar a las etnias originarias que viven en las cercanías. Eso no solo retrasa su inicio, si es que finalmente se aprueban, sino que muchas veces dilatan las decisiones indefinidamente, por medio de un flujo constante de objeciones judiciales, de carácter procedimental o de otro tipo, que desalienta al inversionista, encarece el proyecto e inhibe la motivación para presentar nuevas iniciativas.

Un caso emblemático es el de Empresas Copec, cuyo plan de inversiones en el país -que alcanza a US$ 2.500 millones, para ampliar la planta de celulosa en Arauco e instalar una de pulpa textil en Valdivia- se encuentra detenido por la judicialización de esos proyectos, pese a contar con sus permisos ambientales. Es saludable constatar que en la Junta de Accionistas de la compañía, su presidente presentó estos antecedentes a los asistentes, pero también, de alguna manera, interpeló a la sociedad, para que esta reflexione respecto de la sanidad de todo el proceso.

Es necesario que la autoridad, el Poder Legislativo y el Judicial reconozcan que la institucionalidad no está bien servida cuando esas dilaciones y objeciones se transforman en una barrera que deja de resultar razonable. El beneficio de la sociedad como un todo está en juego.