Los países progresan cuando siguen una agenda que logra equilibrar lo políticamente viable y lo económicamente razonable. En un año electoral, nuestro país parece dispuesto a debatir propuestas con la expectativa de actualizar los diagnósticos y definir las prioridades para un horizonte de mediano plazo. Sin embargo, el divorcio que existe entre la política y la razonabilidad económica hace que este ejercicio de reflexión sea prácticamente inútil.

Tradicionalmente hemos confiado en que el análisis razonado influye en las decisiones de los gobiernos y en que la calidad de las políticas depende de la excelencia con que fueron gestadas. Sin embargo, desde hace un tiempo el estudio riguroso de las políticas públicas ha perdido terreno frente a la tentación por entregar respuestas fáciles a las crecientes demandas ciudadanas. Ha sido la fórmula utilizada para tratar de entrar en sintonía con los movimientos sociales, que siguen estrategias de acción disruptivas, más que de argumentación persuasiva, para vincularse con el resto de la sociedad, incluidas las distintas formas de protesta y coerción de muchos de ellos, que sienten que pueden prescindir del sistema político.

La consecuencia directa es la desvalorización de la política, por su incapacidad para cumplir su rol de representación de las visiones de los ciudadanos y de articulación de acuerdos relevantes para la sociedad. Este es un fenómeno mundial, que en Chile tiene una expresión básica: las personas que manifiestan una identidad política han disminuido desde un 70% a comienzos de los 90 a alrededor de un 30% en la actualidad.

En este contexto, el interés electoral de los políticos los ha llevado desde una estrategia de liderazgo a otra de seguidores de las nuevas manifestaciones sociales, lo cual ha profundizado la denominada crisis de representación en la sociedad, alimentando aún más la desconfianza hacia las instituciones públicas y sus representantes. Es evidente que los partidos tradicionales no estaban preparados para desenvolverse en este nuevo escenario.

Sin duda, la irrupción de los movimientos sociales y la parálisis del mundo político también afectan a los gobiernos, que adaptan continuamente su agenda para acomodarse al "estado de ánimo social". Así, las políticas públicas y la actividad legislativa se han alejado del análisis riguroso y cada vez más adoptan perspectivas de corto plazo.

El giro hacia la izquierda de la administración Piñera, el episodio Barrancones en 2010, el ascenso del populismo de derecha, el cambio de opinión de Bachelet sobre la gratuidad de la educación en 2013, los excesos de la reforma laboral y el impasse en que nos encontramos en el acuerdo previsional, son ejemplos de la influencia que tienen los movimientos sociales, de la parálisis del sistema político y de la neutralización de los demás actores que participaban en el debate público.

Si agregamos los casos de abuso y corrupción ocurridos en el sector privado, desde la colusión de las farmacias hasta la torpeza del alza en el precio de los estacionamientos hace unas semanas, encontramos que la caída en la reputación del empresariado solo agrava un escenario en que los grupos ciudadanos más disruptivos encuentran pocos mecanismos de moderación en el resto de la sociedad.

Vivimos en un ambiente cargado de incertidumbre y el entusiasmo de la derecha en que un recambio en el gobierno bastaría para despejar el horizonte tiene poco fundamento. Por el contrario, la ingenuidad de este diagnóstico aumenta la preocupación por el futuro del país.

Retomar la senda del desarrollo y de las buenas políticas requiere que los principales actores sociales modifiquen sus estrategias, inspirándose en el principio de la colaboración desarrollado por John Nash (premio Nobel de Economía en 1994) en el marco de la teoría de juegos: una sociedad maximiza su bienestar cuando cada actor actúa a favor de su propio interés, pero sin perder de vista las aspiraciones de los demás integrantes del grupo.

Por eso resulta clave fortalecer los contrapesos en el ámbito del gobierno, para permitir que diferentes puntos de vista participen en los procesos de decisión. Se evita así que los sentimientos de corto plazo de algunos movimientos sociales tengan una influencia exagerada en las decisiones públicas. Un caso extremo es la institucionalidad del Banco Central, pero no se necesita ir tan lejos para generar en otros ámbitos instancias de revisión y análisis riguroso que sean funcionales al sistema democrático.

Hay varios ejemplos recientes de organismos que pueden cumplir esta función: la Comisión Nacional de Productividad, creada en 2015, tiene carácter independiente y cumple una función consultiva que podría aprovecharse mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora; la nueva Comisión para el Mercado Financiero es un órgano colegiado y de carácter técnico que debiese reducir la incertidumbre regulatoria que hay en el sector financiero; el Consejo Superior Laboral, que está por crearse, es una instancia tripartita llamada a colaborar en la formulación de propuestas y recomendaciones de políticas laborales.

En el ámbito privado, se debe asumir que la estrategia del empresariado para relacionarse con la sociedad y el mundo político está obsoleta. La reiteración unilateral de determinadas ideas sobre políticas públicas es infructuosa en el escenario actual. Implementar una estrategia de colaboración no es un cambio cosmético, sino que apunta a renovar las prácticas que utilizan las empresas en sus relaciones con la sociedad, los clientes y los trabajadores.

En síntesis, necesitamos que el país vuelva a moverse en el espacio que hay entre lo políticamente viable y lo económicamente razonable. Sin este cambio quedaremos expuestos al zigzagueo de los movimientos sociales que se nutren de la desconfianza, de una parte, y al oportunismo de quienes intentan sintonizar y obtener réditos de corto plazo, por otra.