Las cifras de cuentas nacionales 2016 fueron conocidas estos días. Estas no hicieron más que confirmar que la economía solo avanzó un 1,6% durante el año, completando un trienio de relativo estancamiento. La inversión también cae por tercer año consecutivo. Publicadas estas cifras, se produjo un intercambio de opiniones entre autoridades y técnicos del sector privado. Ello hizo que, por un momento, el crecimiento estuviera en primera plana, aunque desgraciadamente no logró establecerse como prioridad.

Al leer con detención los planteamientos vertidos sobre esta materia, es destacable que, más allá de algún titular, hay opiniones ponderadas y serias en todos los participantes. Es posible discrepar con ellos, pero la argumentación es profesional, lo que no se ve con frecuencia en otras partes del continente.

El ministro de Hacienda reconoce la importancia de los incentivos en el crecimiento y deja claro que medidas de política pública han tenido incidencia en lo que hoy vivimos, aunque modera su verdadero impacto. La existencia de este nivel de discusión es lo que diferencia favorablemente a Chile. Si bien el país no está creciendo adecuadamente, mantiene una situación macroeconómica sólida e instituciones solventes.

La palabra crecimiento es un término usado con soltura por los economistas, pero, desgraciadamente, la opinión pública en general no aquilata bien sus implicancias. Lo que sí está claro es que los chilenos quieren mejorar y progresar, y ello solo lo permite el avance económico. Los deseos de mejor salud, pensiones, empleos y educación son compartidos, pero nos hemos olvidado de que ello solo lo permite el progreso, produciendo más y de forma más eficiente.

El mundo político empieza a convencerse de que puede, graciosamente, proveer los bienes que el país desea sin que simultáneamente "alguien" haga el esfuerzo de crearlos. Esa es la antesala del populismo, la demagogia y, al final, del totalitarismo. No hemos avanzado más por esa senda gracias a que existe en distintos ámbitos en el país la actitud profesional antes señalada.

Es preciso comprender, eso sí, que esa barrera de sensatez será finalmente desbordada si no aceleramos el progreso. Es una utopía pensar que lograremos contener los deseos y anhelos de avance que los chilenos expresan por todas partes y en distintas formas, y que exige progresar para poder satisfacerlos.

La evidencia es contundente. No hay casos de mejoría en las condiciones de vida, especialmente de los menos favorecidos sin avance económico. Son precisamente esos sectores los que vieron mejorar en mayor medida su calidad de vida durante los años de progreso acelerado del país y serán los más perjudicados si no retomamos el ritmo.

Vale la pena detenerse en la polémica reciente respecto de la explicación de las malas cifras de estos años. Por una parte, la existencia de algo estructural que limita nuestro crecimiento y, por otra, el impacto de las reformas y del ambiente político en general que ha prevalecido durante este gobierno.

No es primera vez que se menciona que existe algo intrínseco que nos limita y que se usen ejemplos de otros países del continente para mostrar que tienen una suerte similar. Chile fue la excepción del continente, al pasar el año 80 del 27% del producto per cápita de Estados Unidos al 45% el 2014. Mientras tanto, Latinoamérica, como un todo, perdía la carrera, pues, al final del período, el país del norte lo superaba 3,5 veces frente al 2,7 del año 80.

En esa época hubo muchos argumentos que señalaron que ese crecimiento no sería posible, precisamente por razones estructurales. Pero, como indicó la autoridad en entrevista reciente, los incentivos y el contexto sí importan, y lo que parecía imposible fue una realidad.

Nada impide, si los incentivos adecuados se reestablecen, que ello pueda reeditarse. Quizás con menos vigor que en esos años, pero muy superior a lo que vemos hoy. Las áreas dinámicas no tienen por qué ser las mismas, y serán los chilenos emprendedores quienes las descubran. Me encuentro entre los que ven posible que el país avance entre 4% y 5% anual, inferior al 7% de las mejores épocas, pero incomparablemente mayor al de hoy.

Este proceso de pérdida de dinamismo fue paulatino, se inició antes de este gobierno -en eso la autoridad tiene razón-, en la medida que invertir, arriesgarse, crear y emplear dejó de ser valorado y crecientemente encontró inconvenientes. Sin embargo, hay un salto cuantitativo y cualitativo con la llegada del gobierno actual.

Los gobiernos anteriores, sea por convencimiento o por realidad política, deterioraron marginalmente los incentivos, pero también tuvieron avances importantes. Las concesiones o la privatización de las sanitarias, hoy cuestionadas, son ejemplos de ello.

El superciclo de los commodities y los mayores ingresos que significaron para Chile ocultaron en parte los efectos de esas políticas.

Este gobierno asume cuando ese viento de cola ya no nos ayuda. El lento avance de nuestra productividad exigía un cambio de rumbo, pero, por el contrario, redobla la apuesta en contra de quienes quieren invertir y emplear. Probablemente la autoridad no puede apreciar bien cómo ha crecido exponencialmente el deterioro de los incentivos estos últimos años. Sus críticos en eso tienen razón. Ello no puede ser sino muy relevante en entender el estancamiento de hoy.

No es solo la reforma tributaria, con su mayor carga y menor certeza, ni los cambios laborales cuyos efectos todavía no se ven. No hay área que no esté amenazada. Los sectores de educación, salud y pensiones viven en la incertidumbre más completa. La violencia y la propiedad del agua en la agricultura. El proceso inquisitivo y de desconfianza que deben enfrentar quienes emprenden un proyecto se ha profundizado.

Solo se ven inconvenientes y nadie valora las externalidades positivas del crecimiento. La enumeración puede ser extensa, pero no podemos dejar de indicar la insistencia en un proceso de reforma constitucional por fuera del Congreso. A pesar de que las autoridades reconocen las virtudes de la democracia representativa versus los riesgos del asambleísmo, la realidad es que el camino seguido en este tema crucial es el segundo.

A pesar de esta poco auspiciosa realidad, el país tiene instituciones privadas competitivas y solventes y una macroeconomía sólida. Si el proceso electoral permite poner de nuevo la prioridad en el progreso, existe una razonable esperanza de que la tendencia se invierta y de que el círculo virtuoso de suma positiva vuelva a florecer en nuestra sociedad.