Señor Director:

Por estos días, la pauta noticiosa ha estado dominada por la compra de un terreno que habría hecho la Presidenta Bachelet y que donó a su hija. Más allá de la politiquería en torno al asunto, que no es de interés para este lector, llama la atención que no se aborde derechamente el tema de fondo.

En Chile, las donaciones privadas se encuentran sujetas a un engorroso y obsoleto procedimiento ante tribunales, el llamado "trámite de insinuación", y como si esto no fuera suficiente, a un impuesto que debe pagar quien realiza la donación. Así, quien quiere disponer libremente de su patrimonio -como muestra de su afecto por una persona o como compromiso con una noble causa de filantropía- se enfrenta a un sistema que mira con desconfianza su donación. La inmensa mayoría de los chilenos desconoce la existencia del trámite de insinuación, así como también el impuesto a las donaciones.

El verdadero tema es la eliminación de las restricciones para que los ciudadanos puedan disponer por mera liberalidad de su patrimonio, con la consecuente eliminación del impuesto a las donaciones. La lógica detrás de este sistema es reflejo del Chile del siglo XIX, muy lejana de la nueva realidad que vivimos hoy. Las restricciones y regulaciones que dificultan las donaciones son, al final, un verdadero obstáculo para el desarrollo de una sociedad civil activa y comprometida con los grandes desafíos que enfrenta el país, como la superación de la pobreza o la descentralización.

La mejor garantía de la libertad es la existencia de una sociedad civil vigorosa, independiente y activa. La filantropía social, cultural, educacional y de toda índole contribuye a este noble objetivo. Ha llegado la hora de derogar la regulación que dificulta las donaciones y de terminar con un cobro a todas luces injusto. Ese es el tema de fondo.

Álvaro Iriarte
Director de Investigación Instituto Res Publica