El escenario es complejo. Este año se realizarán 1.200 negociaciones colectivas, y 17 de ellas ocurrirán en compañías mineras. Lo que sucede en Minera Escondida amenaza con ser la tónica de un año electoral con una reforma laboral que se estrena en abril, y en que las huelgas tomarán más protagonismo.

El Gobierno decidió intervenir y volvió a sentar en la mesa a la administración y a los dirigentes sindicales. ¿Resultado? Ninguno. Ni acercamiento ni posiciones distintas a las originales. Más que negociación de trabajadores de una misma empresa pareciera ser una sofisticada estrategia de abogados. Lo real es que después de dos semanas en conflicto, las partes comenzarán a mostrar sus verdaderas cartas y a medir argumentos con calculadora en mano.

Así funciona. En 2016 lo vimos en varias empresas donde se impuso una visión distorsionada del proceso. Todo consiste en el autoengaño. La administración hace ofertas mínimas, mientras los dirigentes se exceden en el petitorio y siembran falsas expectativas en sus bases. Ambos esperan que pase el tiempo legal. Luego, los trabajadores rechazan la última oferta, invocan la huelga y abren el período de buenos oficios: cinco días -por ley- para que exista un diálogo franco que logre acuerdos.

El concepto de negociación es el que está errado y tanto dirigentes como ejecutivos son culpables de crear y sostener esta práctica desgastadora e ineficiente. Porque atrincherados en sus posiciones provocan que la negociación como tal parta recién cuando se declara la huelga. Y es justo el momento menos oportuno, ya que a esas alturas las relaciones se han deteriorado, manifestándose la rabia, la descalificación y la desconfianza. Valiosas semanas de diálogo han sido tiradas a la basura.

La visión de la huelga como una "herramienta del proceso" y no como un "rotundo fracaso" es la que legitima la reforma laboral. Nadie parece dimensionar responsablemente las consecuencias de una huelga. Al declararla, ya no hay pie atrás. Se suspende la relación laboral: los trabajadores no reciben sueldos ni beneficios, se paralizan las faenas y actividades productivas, deteriorando dramáticamente las relaciones y poniendo en jaque la propia sustentabilidad de la empresa, así como la de sus proveedores y contratistas.

Será un año laboral afectado por la reforma y por las elecciones. Las ideologías y la política partidista no ayudarán; son una constante amenaza para las negociaciones colectivas, como lo advertía san Alberto Hurtado.

Enfrentar los desafíos de este 2017 exige que las empresas se hagan cargo de inmediato -no cuando la negociación está encima- de mirarse a sí mismas e invertir en formación. Sus ejecutivos y dirigentes sindicales deben ser capacitados con seriedad, para que ambas partes asuman con altura de miras y visión de largo plazo los procesos de negociación, y evitar a toda costa la irrupción destructiva de una huelga.

Lo que termine ocurriendo en Escondida no lo sabemos. Albergo la esperanza de que su prolongación, su mediatización y sus profundas distancias entre ejecutivos y dirigentes sean tomados como un buen ejemplo de lo que no hay que hacer. Menos aun con una reforma laboral ad portas , que implicará relaciones laborales más rígidas, donde el concepto de colaboración será reemplazado -por ley- por el de conflicto.

El camino a una buena negociación colectiva debe ser pavimentado mucho tiempo antes, con más información, flexibilidad y -por sobre todo- sentido de realidad.

María Isabel Vial