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Editorial
Jueves 23 de febrero de 2017
Cobros en estacionamientos
La experiencia muestra las desastrosas consecuencias de implementar la fijación de precios en diversos productos o servicios...
Gran controversia han generado las alzas en las tarifas de diversos estacionamientos como consecuencia de la implementación de la nueva ley 20.967 recientemente promulgada. Como respuesta a las críticas, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, descartó que la fijación de precios sea una alternativa para afrontar el problema.
Sus dichos pueden considerarse una reacción a lo expresado por el senador Juan Pablo Letelier (PS), quien manifestó hace algunos días: "No me importaría en lo más mínimo que en nuestro país pudiéramos tener ciertas normas sobre regulación sobre cuánto cobran (las empresas)".
De cierta forma es paradójico que la discusión sobre la fijación de precios siga vigente. La experiencia muestra las desastrosas consecuencias de los casos en que ella se ha implementado en los diversos productos o servicios, muchas veces inspirada, sin duda, en un genuino interés por mejorar el bienestar de los ciudadanos. La reciente experiencia de Argentina, con sus variadas fijaciones de precio, es uno de los últimos ejemplos que ofrecen un amplio panorama de consecuencias indeseadas. El caso venezolano es más extremo, puesto que a la fijación de precios se han sumado otras desacertadas medidas que han detonado gran escasez y colas por doquier.
Los estacionamientos son un bien cada vez más escaso en la medida que crece el parque automotor, el cual se septuplicó entre 2010 y 2015. Si bien en el pasado la mayor parte de ellos eran gratuitos, hoy eso ya no es factible. Lo acontecido recientemente en Recoleta es una muestra paradigmática de cómo el llevar a cero el precio de los estacionamientos de las calles generó inmediatamente su escasez, junto con la aparición de cuidadores ilegales.
Como es sabido, algunos centros comerciales comenzaron a cobrar cuando descubrieron que muchos aparcaderos eran utilizados por oficinistas que trabajaban en las cercanías o por personas que hacían diligencias no relacionadas con los servicios del recinto. Centros comerciales más alejados de los centros urbanos no cobran por estacionar. Algo similar ocurre en las clínicas, supermercados y otro tipo de comercio minorista.
En este sentido, las recientes declaraciones del ministro Céspedes son adecuadas, pese a que se le ha acusado de tener posiciones ambiguas durante la tramitación del proyecto de ley.
Cabe reflexionar asimismo acerca de las exageradas expectativas que genera muchas veces la discusión de leyes "populares" en el Parlamento, que se desentienden de las consecuencias no deseadas pero esperables de la nueva legislación. Eso fue exactamente lo que ocurrió en este caso, pues la explicación que está detrás de las alzas que hemos visto en estos días no es más que la adaptación de las empresas que administran las plazas de estacionamientos a los menores ingresos que les genera la nueva estructura tarifaria y a las mayores obligaciones que tienen para cumplir con el servicio que brindan. En ese sentido, es poco sorpresivo el incremento generado.
Sin embargo, el mayor precio de las tarifas de estos servicios es algo con lo que tienen que convivir los usuarios, que observan que hoy pagan más que antes. Por ello, es pertinente el anuncio del Sernac sobre la confección de un estudio sobre los precios cobrados en los distintos recintos. Sería deseable que la información esté disponible en línea, tal como desde hace algunos años lo está el precio de la bencina, para que los consumidores puedan elegir de modo más informado.