Francisca Maturana Torres

El gobierno de Donald Trump reveló por fin sus planes para realizar la anunciada política de control migratorio: acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y aumentar el número de agentes con las atribuciones para lograrlo.

El plan firmado por el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, es un cambio radical en las prioridades de las agencias y en cómo estas aplican la ley, y ha causado pánico en las comunidades de inmigrantes por eventuales expulsiones masivas.

"El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales, y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EE.UU.", dice el texto al justificar las medidas.

En concreto, Kelly firmó la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y 5.000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras. El incremento de agentes y centros de detención ayudará a hacer efectiva la más polémica de las medidas: que todo el que haya violado las leyes de inmigración sea susceptible de ser detenido y deportado.

La administración de Barack Obama tenía como prioridad la deportación de los inmigrantes sin papeles que cometían crímenes graves, que representaban una amenaza a la seguridad nacional o que habían cruzado la frontera recientemente. El nuevo gobierno, en cambio, considera a todos los indocumentados candidatos a ser arrestados y expulsados, aunque hayan cometido una falta menor de tránsito e incluso sean sospechosos de delitos, lo que abre la puerta a la deportación masiva.

Aunque los memos no cambian las leyes, hacen más estricta su aplicación. El documento precisa que además de perseguir a los indocumentados con cargos criminales violentos, también lo serán los que hayan "abusado" de beneficios públicos o que, "a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y nacional".

En su rueda de prensa diaria, el portavoz presidencial, Sean Spicer, dijo ayer que el objetivo "es dar más autoridad a la agencia federal para hacer cumplir leyes migratorias" y recordó que "todo el mundo que está aquí ilegalmente puede ser deportado en cualquier momento".

En la campaña electoral, Trump prometió que expulsaría del país a los más de 11 millones de indocumentados, un número que redujo a 3 millones tras ganar la Presidencia (Obama expulsó a 2,9 millones en ocho años). Pocos días después de llegar a la Casa Blanca, el nuevo Mandatario firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con el tema migratorio.

Primero, Trump puso en marcha una iniciativa para comenzar a construir el muro en la frontera con México y así frenar la inmigración ilegal (ver recuadro). La segunda medida fue para restringir la entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, una orden que tomó apelando a la seguridad nacional pero la justicia bloqueó. Las nuevas directrices son la forma práctica de cumplir con las disposiciones de Trump.

"El Presidente está tratando de satisfacer a un segmento de sus partidarios que resienten a los inmigrantes indocumentados y que quieren ver esfuerzos de alto perfil para aumentar el número de deportaciones", dijo a "El Mercurio" Eric Hershberg, profesor de la American University.

El nuevo plan desató el rechazo de la oposición. La senadora demócrata Catherine Cortez Masto, la primera latina en la Cámara Alta, atacó en su cuenta de Twitter las "deportaciones masivas como moralmente reprobables y antiestadounidenses". Mientras, el también senador demócrata Dick Durbin urgió a "un examen público en el Congreso de estas políticas de mano dura y antifamilias".

Además, enfrentará la resistencia de muchos estados y de las llamadas ciudades santuario, que se niegan a permitir que sus oficiales apliquen las iniciativas para las personas sin papeles.

El problema es que los nuevos ejes "van a incrementar el miedo entre las comunidades de inmigrantes", explicó a este diario Sarah Sherman-Stokes, experta en derechos de los inmigrantes de la Boston University. Además, "socavará la seguridad, porque los migrantes tendrán recelo de ir a la policía, reportar crímenes o pedir ayuda o protección", agregó.

El único que se salvó del cambio fue el Programa de Acción Diferida, impulsado por Obama en 2012, que ha permitido frenar la deportación de 750.000 jóvenes que ingresaron ilegalmente al país cuando eran niños, los "dreamers". Este proyecto, que da permisos de trabajo e impide la expulsión de menores, se mantiene aunque los beneficiarios aún podrían ser deportados si cometen delitos o son considerados una amenaza a la seguridad.

Un mexicano, nativo de Sinaloa, se suicidó ayer en Tijuana minutos después de ser deportado de EE.UU., saltando de un puente.

Primeros pasos sobre el muro

El Departamento de Seguridad Interior anunció también que ya hay tres lugares prioritarios para comenzar la construcción del muro en la frontera con México: El Paso (Texas), Tucson (Arizona) y El Centro (California). Una de las más controvertidas promesas de campaña del nuevo Presidente Donald Trump.

El documento ordena "identificar y asignar de inmediato todos los recursos disponibles para planear, diseñar, construir y mantener un muro", y "preparar las peticiones de presupuesto al Congreso". Trump había prometido que sería México el que pagaría, pero en las últimas semanas ha retrocedido al afirmar que será EE.UU. pero que luego le será reembolsado, algo que México niega.