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Editorial
Miércoles 22 de febrero de 2017
Paros en puertos e imagen del país
Pero es indispensable, al mismo tiempo, prever situaciones como la del paro de los estibadores, con el fin de que no acontezcan, y, por último, manejar acciones de contingencia que permitan solucionar en el más breve plazo problemas que solo buscan empañar la calidad del país como plaza turística mundial...
En los últimos meses, varios cruceros de turismo internacional han sido afectados por manifestaciones ilegales de trabajadores de los puertos. Los incidentes más graves, sin embargo, se produjeron hace algunos días en Valparaíso, donde los pasajeros de dos trasatlánticos se vieron seriamente perjudicados por una movilización de estibadores eventuales y contratados del Terminal Pacífico Sur (TPS).
Estos trabajadores se declararon en paro y se negaron a cargar y descargar los equipajes de los pasajeros y a avituallar ambos navíos, junto con interrumpir el acceso al terminal 1, por donde seis mil pasajeros debían desembarcar o abordar. Cerca de un millar de turistas logró bajar a tierra antes de que comenzara el bloqueo, unos dos mil quedaron retenidos en las naves y otros tres mil, que se disponían a iniciar sus cruceros, no podían hacerlo.
En una confusa situación, el capitán del barco "Costa Luminosa" denunció que los pasajeros habían sido secuestrados. Otros de ellos debían abordar vuelos de regreso a sus países y no pudieron hacerlo con oportunidad, lo que sin duda los afectó seriamente en términos de tiempo y recursos.
El bloqueo a estas naves no es un hecho aislado. El 20 de octubre pasado una protesta de estibadores interrumpió la recalada del crucero "Insignia" en Iquique y, luego, el 7 de febrero otro incidente ocurrió en Valparaíso, cuando una veintena de trabajadores intentó bloquear el descenso de 504 pasajeros del "Crystal Serenity".
El perjuicio de estas acciones a la imagen del país es inconmensurable, pero más grave aún es que en los puertos chilenos se sigan repitiendo acciones ilegales que provocan daños a diversos ámbitos de la economía nacional. Esta vez fue el turismo (un pasajero deja alrededor de 100 dólares cada vez que desciende en un puerto chileno), pero otras veces han sido exportaciones de perecibles, envíos mineros o importaciones de diversos productos.
Es labor del Estado frenar estas situaciones y disponer las medidas tendientes a anticipar y neutralizar los nocivos efectos de acciones que se emprenden cuando se ve la oportunidad de poner a la autoridad entre la espada y la pared. El Gobierno ha sido cuestionado por la ciudadanía en su capacidad de enfrentar las presiones de grupos de interés, siendo los trabajadores portuarios uno de los más activos.
Al mismo tiempo, lo ocurrido permite reflexionar sobre la necesidad de impulsar a Chile como un destino más relevante de los cruceros de lujo, dadas las divisas que ellos aportan. Junto con la falta de promoción turística, sumado a los incidentes antes descritos, Chile mantiene una absurda disposición que impide a los chilenos subirse a los cruceros y hacer un trayecto en ellos (por ejemplo, embarcarse en Valparaíso y desembarcar en Punta Arenas) por estar prohibido el cabotaje en nuestro país a naves extranjeras.
El Gobierno anterior impulsó un proyecto de ley para eliminar esa restricción, pero actualmente se encuentra en el Senado en la etapa de indicaciones. Es importante aprobarlo a la brevedad, ya que ello, sin duda, podría incrementar el flujo de pasajeros y haría más rentable a nuestro país como destino de las grandes empresas de cruceros.
Pero es indispensable, al mismo tiempo, prever situaciones como la del paro de los estibadores, con el fin de que no acontezcan, y, por último, manejar acciones de contingencia que permitan solucionar en el más breve plazo problemas que solo buscan empañar la calidad del país como plaza turística mundial.