Con el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano de que existe una tendencia marcada de que habrá una segunda vuelta presidencial el próximo 2 de abril, se destraba -al menos temporalmente- una aguda crisis política en la que los partidos opositores habían denunciado que el gobierno podía estar intentando alterar los resultados para evitar el balotaje.

En Ecuador, para ser electo Presidente en primera vuelta, se necesita tener como mínimo el 40 por ciento de los votos y una diferencia de al menos diez puntos respecto del segundo candidato más votado.

Con el 95 por ciento de los votos escrutados, Lenín Moreno, de la oficialista Alianza País, suma 39,21 por ciento de los sufragios, mientras que el opositor centroderechista Guillermo Lasso, del Movimiento CREO, logra el 28,35 por ciento.

La actual elección presidencial representa un importante punto de quiebre para la política ecuatoriana, ya que pone fin a una década de gobierno en manos de Rafael Correa y abre la posibilidad de un cambio de rumbo para el país. Sobre todo porque si bien Correa logró darle estabilidad a Ecuador -hasta 2007 el país había tenido siete presidentes en diez años- y concretó importantes obras públicas gracias a la bonanza de los altos precios del petróleo, también impuso un estilo autoritario y con rasgos populistas que, además, hizo de la prensa uno de sus principales oponentes.

Ante este escenario, la posibilidad de que Moreno alcanzara el triunfo en la primera vuelta garantizaba la continuidad del actual gobierno socialista, sobre todo considerando que él fue vicepresidente de Correa durante su primer mandato (2007-2013). Sin embargo, ahora deberá enfrentar un escenario mucho más adverso, ya que es probable que la mayoría de los votos de las seis restantes candidaturas opositoras -como la de Cynthia Viteri- se canalicen hacia la figura de Lasso.

Porque si bien es cierto que Moreno obtuvo casi el 40 por ciento de los sufragios, lo que demuestra que el legado de Correa y su "Socialismo del siglo XXI" mantiene aún muchos adherentes, al mismo tiempo es indiscutible que cerca del 60 por ciento restante de los votantes ecuatorianos no desea el continuismo y quiere un cambio a la cabeza del país. De cualquier forma, el resultado electoral sigue estando abierto.

En ese contexto, a pesar de la declaración del CNE, que se produjo antes del plazo anunciado, la dilación en torno a la entrega de los resultados electorales instaló una sombra de duda sobre la transparencia de estos comicios, al punto que el propio Consejo de Generales del Ejército -tras aclarar que no tomaba partido alguno- pidió que se respetara "sin condición ni presión alguna" la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

La actual elección presidencial ecuatoriana se desarrolla en momentos en que países como Argentina, Brasil y Perú ya han dado un giro en su tendencia política, mientras otros integrantes del ALBA buscan aferrarse con desesperación al poder. Basta ver lo que ocurre en Bolivia, donde el Presidente Evo Morales busca afanosamente un mecanismo que le permita repostularse en 2019, en contra de lo establecido por su propia Constitución y precisamente a un año de haber perdido el referéndum en el que los ciudadanos bolivianos rechazaron el intento de extender su mandato hasta 2025.

Otro caso es el de Venezuela, donde el chavismo -en el poder desde 1999- ha hecho todo lo posible por seguir en el gobierno, desacreditando permanentemente a todos los sectores de la oposición, y vulnerando derechos fundamentales como la seguridad y la salud.

Considerando estos antecedentes, es preciso demandar a las autoridades que den las garantías necesarias para que la segunda vuelta se desarrolle con normalidad y que los ciudadanos ecuatorianos puedan ejercer sin dificultades el legítimo derecho a elegir un nuevo Presidente.