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Editorial
Lunes 20 de febrero de 2017
Nuevo director del Senda
Estos números dan cuenta de un grave problema de salud pública, y la prioridad de enfrentarlo debiera ser un criterio rector para la definición de cualquier política de drogas. Ello precisamente en función de los conceptos identificados por el nuevo director del Senda como pilares de su gestión...
Después de casi cuatro meses sin director titular, el Gobierno ha nombrado al médico Patricio Bustos al frente del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). En declaraciones a "El Mercurio", el profesional fijó las primeras líneas de su labor, afirmando no ser "liberal ni conservador", y comprometiendo un enfoque de "salud pública", con énfasis en la prevención. Asimismo definió la postura del Gobierno frente a la moción parlamentaria que pretende despenalizar la marihuana y permitir su autocultivo, indicando que lo que a ese respecto busca el Ejecutivo es "regular el consumo, como en Estados Unidos y Uruguay".
Han sido precisamente estos últimos dichos los que han llamado la atención de especialistas en el tema, incluido su antecesor en el cargo. En efecto, siendo un hecho que en distintos países se han estado desarrollando experiencias de despenalización y liberalización en las normativas sobre droga -y más específicamente marihuana-, los resultados están lejos de ser concluyentes. En general se destaca lo positivo de no criminalizar a quienes consumen o son adictos; en cambio, distintos estudios (como el informe HIDTA sobre el caso del estado de Colorado, en Estados Unidos) muestran que la liberalización también ha traído efectos menos deseables, incluidos aumentos en las tasas de mortalidad y de accidentes de tránsito vinculados al uso de marihuana, y en las hospitalizaciones producto de intoxicaciones por el mismo motivo. Al facilitarse el acceso a esa droga, también ha aumentado su consumo, pero no solo en adultos, sino que entre los jóvenes. Esto último, pese a que la venta a menores sigue siendo sancionada. En este punto, otra investigación, efectuada por la Universidad de California entre niños de 13 a 15 años del estado de Washington, sugiere que la aprobación del uso recreacional de la cannabis incidió en una baja en la percepción del riesgo respecto de su utilización y en un consiguiente incremento de su consumo a ese nivel.
Se trata de antecedentes que debieran ser considerados para la discusión del tema en Chile, donde ya el uso de esta droga por escolares ha alcanzado grados alarmantes: el 34% de los alumnos de entre 8° básico y cuarto medio encuestados por el Senda en 2015 admitió haberla consumido durante ese año. Con independencia de cualquier discusión ideológica y de las diferentes posturas respecto de cómo tratar legislativamente el consumo de los adultos, existe consenso entre los especialistas en cuanto a lo negativo de las referidas cifras y los efectos particularmente nocivos de la marihuana sobre la salud y el desarrollo de los menores. En rigor, estos números dan cuenta de un grave problema de salud pública, y la prioridad de enfrentarlo debiera ser un criterio rector para la definición de cualquier política de drogas. Ello precisamente en función de los conceptos identificados por el nuevo director del Senda como pilares de su gestión.