La Fiscalía Nacional Económica (FNE) contrató la realización de una encuesta entre especialistas en temas de competencia (fiscales de empresas y abogados dedicados al área), de modo de saber cómo perciben estos el cumplimiento de sus respectivos roles por parte de la propia FNE y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuyas atribuciones fueron fortalecidas con una reforma legal el año pasado.

La opinión es más bien positiva: se considera que la FNE es independiente, evaluación que se extiende al Tribunal. Este es un factor clave, dado el poder de que gozan estos organismos. De acuerdo con los entrevistados, el nivel profesional de su personal es excelente, y se considera que la FNE usa solo criterios técnicos en sus decisiones, factor que da confianza en el sistema. Las peores notas las obtiene la fiscalía por lo que se estima excesivos requerimientos de información que realiza y el poco acceso al expediente del proceso, lo que la entidad justifica por la necesidad de confidencialidad en la etapa de investigación. La rigurosidad y la previsibilidad obtienen notas intermedias, lo que debería ser motivo de preocupación para ambos organismos.

Bastante peor es la opinión de los especialistas respecto de cómo opera el sector privado. La mayoría estima que los casos de colusión observados son solo ejemplos de un fenómeno más extendido. De ser válida esta visión, quedarían aún muchos escándalos de colusión por descubrir, con su efecto sobre la confianza en el sistema económico. Quizá tal percepción tenga una explicación en la mala nota que los especialistas les dan a los directorios de empresas, y la aún peor que les asignan a los ejecutivos en materia de conocimiento de la normativa. Dicha ignorancia puede resultar costosa, tanto en multas e indemnizaciones como en reputación. Y no debe olvidarse que la reforma introdujo penas de cárcel por estas conductas.

En materia de fusiones, los abogados especialistas tienen una opinión más positiva que los fiscales de empresas, pero hay una visión casi unánime en favor de los nuevos procedimientos obligatorios de control. Esta es una materia desafiante para la fiscalía, pues aumentará su carga de trabajo, sin poder distraerse de sus demás obligaciones.

En temas de posición dominante, cuando la o las empresas de mayor tamaño ejercen acciones anticompetitivas contra sus rivales, la opinión de los abogados especialistas es que la fiscalía ha sido demasiado permisiva. En efecto, hay muchas quejas de pequeñas empresas contra la conducta de las dominantes, pero pocos casos en que la FNE haya actuado en forma decisiva. E incluso en esos casos, es posible que las medidas no hayan tenido la eficacia deseada.

En resumen, se puede evaluar con una buena nota general nuestro sistema de libre competencia, pese a que existen aspectos en que es necesario mejorar, como la predictibilidad, el abuso de posición dominante y el acceso a información. Mucho más relevante es que mejoren las prácticas de las empresas, lo que debe partir por difundir los objetivos y contenidos de la normativa y desarrollar programas de cumplimiento eficaces. Revelador es, por último, el contraste entre esta en general positiva evaluación de la justicia de competencia y lo que ocurre con otros ámbitos de la justicia.