Señor Director:

El Fondo de Infraestructura basado en activos públicos concesionados y su valor residual es quizás uno de los avances más importantes en finanzas públicas desde la autonomía de los bancos centrales de la década de los noventa. Recordemos que hasta fines de los ochenta la política monetaria, cambiaria, así como la estabilidad financiera en América Latina, era una actividad bastante discrecional, opaca y de alta complejidad política, que llevó a largos períodos de alta inflación, crisis bancarias y serios problemas de balanza de pagos. Entre 1989 y 2002, nuestro país junto a 15 países de la región promovió nuevas leyes para el Banco Central, entregando autonomía operativa e independencia política, para dar estabilidad de precios y de las monedas.

La idea del Fondo de Infraestructura es una idea simple: crear una nueva institucionalidad, eminentemente financiera, que reciba como patrimonio activos fiscales ya concesionados, cuyos valores no están formalmente reconocidos en los balances fiscales, y con este capital promover e invertir en nueva infraestructura, así como también proteger el valor del patrimonio, ejecutando políticas transparentes y de largo plazo. Hay bastante acuerdo en que debemos invertir a través de asociación público-privada en nuevas líneas ferroviarias, ampliar la vialidad urbana e interurbana, invertir en sistemas de transporte público como el metro y dar un gran salto en infraestructura digital e infraestructura hídrica. El país, además de estas infraestructuras, tiene muchos otros "activos dormidos" que puede poner a trabajar para atraer más crecimiento y dar más oportunidades a todos sus ciudadanos.

El proyecto de ley del Fondo que crea una empresa pública como una entidad ejecutora ha generado confusión y desconfianza en algunos sectores, creando cierta resistencia al cambio. El Fondo debería ser una agencia pública con un rol más bien financiero, que entregue garantías públicas e invierta en nuevos proyectos. El Fondo no debe competir con el sector privado ni con inversionistas institucionales o la banca local; tampoco se deberían generar duplicidades de funciones, por ejemplo transformando el Fondo en un MOP paralelo que gestione contratos de autopistas o aeropuertos concesionados, diseñando nuevas obras o renegociando contratos. Todo lo contrario, el Fondo debe tener una gobernanza fuerte y políticamente independiente, al estilo del Banco Central, con objetivos de largo plazo, que proteja los activos públicos y dé garantías de transparencia y buenas prácticas en la inversión de nuevos proyectos, evitando así la discrecionalidad y opacidad de sus decisiones. El Fondo no debe estar diseñado para subsidiar proyectos, ni directa ni cruzadamente, ni para beneficiar a determinadas comunidades, ni para destinar el pago de las tarifas de los usuarios a otros propósitos públicos a través de impuestos o retiros de utilidades.

La infraestructura que han pagado los usuarios con su bolsillo debe ayudar a financiar nueva infraestructura de calidad; cada proyecto nuevo hará crecer el Fondo, aumentando su patrimonio, permitiendo que las próximas generaciones tengan más ahorro para financiar otros proyectos. El Fondo prioritariamente debe velar por eliminar prácticas opacas y discrecionales en el sector de infraestructura, obligándose a rendir cuenta ante el Parlamento y el público en general. Claramente, en este período altamente globalizado y cada vez con más incertidumbre, el Fondo de Infraestructura puede hacer la diferencia entre un país que crece inercialmente al 2% y un país que vuelve a retomar un crecimiento entre el 5% y el 6%.

Álvaro González
Miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura