Los gravísimos incendios que nos han afectado durante las últimas semanas, con la enorme extensión que alcanzaron, superaron completamente las posibilidades de prevención y de control que pueden ejercer las personas desde sus ámbitos individuales. De aquí que la acción del Estado, con su muchísima mayor capacidad, se tornara tan significativa. El problema fue que, una vez más, la reacción de los organismos públicos fue tardía y débil en sus primeros momentos. Desgraciadamente, se han vuelto una constante estas reacciones inadecuadas.
Estas desgraciadas reiteraciones nos llevan a preguntarnos por la capacidad del Estado para abarcar todos los campos que pretende. Más aún, cuando en los últimos años los adherentes a las ideas socialistas afirman que el Estado es el único llamado a ejercer numerosas funciones con exclusión total de los particulares. Por el contrario, los partidarios de las ideas liberales han sostenido reiteradamente la necesidad de reducir el tamaño del Estado, porque este es un mal administrador y les resta libertad a las personas.
Desde 1920 con Alessandri, que amenazó a sus opositores declarándolos antipatriotas, pasando luego por Ibáñez en 1927, que se reservó el derecho de obedecer las leyes si estas le estorbaban, Frei en 1964 notificó que no transaría su programa, y Allende en 1971 con la celeridad para instaurar el sistema socialista, se desarrolló en el país una cultura de la superioridad del Poder Ejecutivo para resolver los más disímiles asuntos, sin jamás haber hecho un análisis de los efectos de esa concentración del poder. Y ahora vemos como en estas últimas décadas la Concertación, y más aún ahora la Nueva Mayoría, han realizado un esfuerzo paulatino y sostenido para revivir aquella cultura centralizadora, con desprecio por el esfuerzo y el aporte anónimo pero multiplicado de la inmensa cantidad de chilenos que, con su actividad cotidiana, configuran la cultura nacional.
Los incendios nos llevan a plantearnos que, más allá de las posturas estatistas de unos y liberales de otros, lo urgente es definir con claridad las funciones que el Estado es capaz de realizar con la prontitud, calidad y amplitud para garantizar a todos un respaldo eficaz que fortalezca sus aportes al desarrollo de la vida nacional e impida que eventos de diversa naturaleza destruyan o neutralicen sus esfuerzos de la vida, mutilando las esperanzas colectivas de un país que ansía dejar atrás sus prolongadas frustraciones.