En una región donde la izquierda populista está en retroceso, Evo Morales plantea la posibilidad de quedarse "por toda la vida" en el Palacio Presidencial de Bolivia. Al celebrar el undécimo aniversario de su llegada al poder, el Presidente boliviano anuncia que está dispuesto a presentarse por cuarta vez a una elección, pasando por alto el resultado de un referéndum, en febrero pasado, en el que el 51,3 por ciento de sus compatriotas rechazaron habilitarlo para las elecciones de 2019. Esta decisión del Mandatario acrecienta las dudas sobre su credibilidad.

Con el 49 por ciento de popularidad, en un sondeo de este mes, Evo trata de entusiasmar a la población con un discurso mesiánico, en el que asume que solo él puede salvar al país. "Muchos de ustedes me hicieron creer que la vida de Evo no es de Evo, que la vida de Evo es del pueblo. Estoy obligado a someterme a ustedes para seguir trabajando por nuestra querida Bolivia", dijo en una manifestación a la que no llegaron sus invitados principales, los presidentes bolivarianos de Venezuela y Ecuador. Evo Morales piensa que su "revolución es un proceso sin retorno", porque ha traído crecimiento y disminuido la pobreza de uno de los países más vulnerables del continente. Lo que no dice Morales es que el "milagro económico" se debió al boom del precio de los commodities , que benefició a Bolivia, después de que nacionalizara los hidrocarburos, y renegociara los contratos con las compañías extranjeras.

Morales enfrenta una dura crítica de los sectores de oposición, que ven en su anuncio una ambición sin fin por el poder, una violación de la Constitución y un menosprecio por la expresión popular. De acuerdo con lo que dicen constitucionalistas bolivianos, las cuatro vías que planteó el Movimiento al Socialismo, MAS, para habilitar una nueva candidatura de Evo son ilegales y contrarias a la Carta Magna que él mismo impulsara. De acuerdo a lo postulado, el MAS elegirá a comienzos de 2019 una de las opciones, que serían: un nuevo referéndum, o una reforma constitucional, que requiere de dos tercios en la Asamblea Legislativa, o una renuncia anticipada de Evo seis meses antes de las elecciones, para así soslayar la inhabilitación, o una interpretación amplia de la Constitución "para que la población pueda tener el gobernante que quiera elegir", según el Vicepresidente Álvaro García Linera.

Para los críticos del gobierno, la intención del MAS de perpetuarse en el poder tiene menos que ver con la preocupación por el bienestar de la población y la idea de que Morales es el único capaz de sacar adelante a Bolivia, y más que ver con el temor a que, alejados del Ejecutivo, los personeros sean investigados por casos de corrupción. Los más bullados escándalos se relacionan con el Fondo Indígena, una partida del presupuesto para proyectos de desarrollo de los sectores originarios; el de tráfico de influencias, del que está acusada la ex pareja del Presidente Gabriela Zapata, representante de un consorcio chino, y diversos casos de desvío de fondos públicos para enriquecimiento personal o usos políticos.

Es indudable que la oposición luchará con tenacidad para evitar que se concrete esta transgresión a la Constitución y a la voluntad popular. Ya se levantan voces, como la del ex presidente Jorge Quiroga, para trabajar en conjunto "tanto en el campo jurídico como internacional, constitucional y democrático para defender el derecho y la Constitución". Pero los opositores tendrán que formar un frente unido para completar esta tarea, que requiere dejar de lado ambiciones personales.

Líderes políticos como Quiroga, el ex candidato Samuel Doria Medina o el ex presidente Carlos Mesa (que acaba de ser soslayado de la vocería de la demanda marítima precisamente porque está demasiado encumbrado en las encuestas) tienen legítimas aspiraciones políticas, que deben canalizar para hacer una defensa contundente de la democracia boliviana.