Advierto que el título que usted acaba de leer no anuncia una diatriba contra las deficiencias de la administración de justicia. No deseo criticar que los jueces estén siendo metafóricamente ciegos, sordos o mudos. Por el contrario, quiero destacar que, a partir del 29 de octubre pasado, podrán existir jueces que tengan físicamente esas discapacidades. La Ley 20.957, publicada ese día, ha puesto término a una discriminación que afectaba a las personas en situación de discapacidad visual (ciegos), auditiva (sordos) o lingüística (mudos), ya que el Código Orgánico de Tribunales les impedía acceder a la magistratura judicial.

El proyecto que se convirtió en ley fue presentado por senadores de varias tiendas políticas y suscitó la aprobación unánime de los parlamentarios. Contó también con el apoyo de la Corte Suprema y de la Asociación Nacional de Magistrados.

Durante la tramitación, sin embargo, se hicieron ver algunas inquietudes sobre la forma en que estas personas podían desempeñar adecuadamente las funciones judiciales. Concretamente se plantearon las dificultades que podría ocasionar la integración de jueces con este tipo de discapacidades para mantener el principio de la inmediación en el que se inspiran los nuevos procedimientos, como el juicio penal, el de familia y el laboral. La inmediación exige que sea el juez en persona, y no a través de otros funcionarios, el que aprecie directamente lo que sucede en su tribunal en audiencias orales con la participación de las partes, abogados, testigos, peritos, etc. También pueden producirse complicaciones para que un juez invidente pueda apreciar alguna prueba que necesite capacidad visual, como fotografías o videos, o para concurrir a verificar alguna circunstancia fáctica, como sucede, por ejemplo, en los pleitos sobre deslindes o servidumbres prediales.

Para superar estos inconvenientes, durante la tramitación de la ley se hizo ver que, además de la subrogación del juez impedido, existen tecnologías que ayudan a las personas con discapacidad sensorial a lidiar con sus limitaciones y desarrollar cumplidamente labores profesionales. El programa informático JAWS ( Job Access With Speech ) permite que personas con capacidad visual nula o disminuida utilicen un computador, al convertir el contenido de la pantalla en sonidos. Otros softwares , a la inversa, convierten lo que se les dicta en texto escrito ( Dragon NaturallySpeaking ).

Pero todo esto cuesta plata, y ello no pasó inadvertido a los parlamentarios, que insistentemente solicitaron al Ministerio de Justicia presentar una indicación que agregara a la ley un artículo para permitir al Poder Judicial adoptar las medidas necesarias para lograr la inclusión real de estos discapacitados. El Senado envió un oficio al Ejecutivo para pedir el patrocinio de una indicación en tal sentido, ya que, al implicar fondos públicos, era iniciativa exclusiva suya. El Gobierno hizo oídos sordos a esta petición. La Presidenta, cuando hace unos días promulgó la ley en una solemne ceremonia, omitió toda referencia a este "pequeño detalle".

Si nos atenemos a la carta que hace unos días dirigió el Pleno de la Corte Suprema a la misma Presidenta haciendo presente la "desatención" del Gobierno hacia el Poder Judicial por el número de iniciativas legales en su beneficio que han sido retiradas o simplemente abandonadas, la dotación de recursos públicos para el efectivo acceso a la judicatura de magistrados ciegos, sordos y mudos se revela como ilusoria.

Lamento que nuestro Congreso no haya sido más firme para condicionar la aprobación de la ley a que el Poder Ejecutivo comprometiera un apoyo financiero que le diera viabilidad práctica. Al aprobar la moción parlamentaria sin fondos se incurre en el peor de los populismos: el populismo legalista, por el cual se engaña a la ciudadanía con el espejismo de que basta con cambiar leyes y constituciones para que por arte de magia desaparezcan las inequidades y las injusticias.