Una persistente caída han registrado los proyectos de inversión aprobados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de acuerdo con el informe "Proyectos de Inversión" elaborado por el Observatorio de la Productividad de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Los procesos para obtener los permisos ambientales -por el cual transitan las iniciativas a la hora de construir y ejecutar un proyecto- constituyen un importante avance en el desarrollo institucional de los países. Ellos permiten resguardar el medio ambiente e incorporar las externalidades negativas que puedan generar los distintos proyectos productivos. Chile cuenta desde hace décadas con normas en ese ámbito, pero su legislación ha vivido numerosos cambios en aras de su fortalecimiento. Con todo, la actual coyuntura provoca inquietud. Se advierte un marcado incremento en la burocratización y, en algunos casos, exigencias desmedidas han originado que los proyectos demoren mucho tiempo en el trámite ambiental y que exista una creciente tasa de rechazo.

Respecto de las tasas de aprobación, en el tercer trimestre -julio a septiembre de 2016- se visaron 84 proyectos, lo que representa un 33,9% menos que en el mismo trimestre del año anterior. Visto de otra forma, durante el mismo período se aprobó el 55% de los proyectos que concluyeron su trámite, mientras que entre 2007 y 2015 se aprobaba el 73% de los proyectos.

En cuanto a los tiempos, las Declaraciones de Impacto Ambiental (obligatorias para todos los proyectos) aprobadas en ese período tuvieron un plazo promedio total de evaluación de 9,5 meses y los Estudios de Impacto Ambiental (requeridos en caso de que haya riesgo para la salud de la población o efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables) alcanzaron los 23,3 meses. En ambos casos, los plazos se mantienen por sobre el promedio 2007-2015, que fue de 7,9 meses para las Declaraciones y 16,9 meses para los Estudios. Se trata de plazos muy extendidos para certificar el cumplimiento de la legalidad.

A lo anterior hay que agregar que Chile adhirió al mecanismo de participación basado en el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas que proviene del Convenio 169 de la OIT sobre "Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes". Pues bien, el promedio de los 22 proyectos que han debido recurrir a esta instancia es de 14,8 meses (pese a que han sido aprobados en su gran mayoría).

Chile está enfrentado a una urgente necesidad de modernizar sus procesos, de forma de agilizar la ejecución de los proyectos productivos. Existen interesantes experiencias internacionales que corroboran que sin rebajar los estándares ambientales -aunque en varios casos valdría la pena analizar su pertinencia-, es posible mejorar la respuesta del aparato estatal en la revisión de los mismos. Y pese a que aquí se encuentra una de las llaves del crecimiento económico -tan menguado en los últimos años-, las autoridades no le han asignado la debida prioridad.