Ahora que el autócrata venezolano Nicolás Maduro ha terminado de quebrar el Estado de Derecho y cerrado todos los caminos posibles para una resolución pacífica de la crisis en su país, hay una sola manera de prevenir un posible baño de sangre: una ofensiva diplomática internacional para restaurar la democracia en Venezuela.

Ya no es suficiente que Estados Unidos y los países de América Latina expresen su "profunda preocupación" por las medidas autoritarias más recientes del régimen venezolano, como lo hicieron 12 países -entre ellos Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Perú, Estados Unidos y Canadá- en una declaración conjunta el 22 de octubre.

Ahora se necesitan medidas diplomáticas concretas para prevenir una escalada de violencia y una crisis de refugiados que podría impactar a todo el continente.

Los países de la región deberían solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), y amenazar con suspender a Venezuela de la OEA si no restablece el Estado de Derecho para, digamos, el 15 de noviembre.

La medida más reciente de Maduro, de aniquilar el derecho constitucional de la oposición a reunir firmas para exigir un referendo revocatorio, ha cerrado todas las vías posibles a una salida pacífica. Antes, Maduro se había apropiado del Tribunal Supremo de Justicia, y desobedeció las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.

Los países de la OEA deberían seguir el ejemplo del Mercosur, que suspendió recientemente a Venezuela como presidente por no atenerse a las cláusulas democráticas del grupo. El Mercosur está ahora considerando la suspensión de la membresía de Venezuela.

Los escépticos alegan que al régimen de Maduro no le importaría nada que suspendieran al país de la OEA, pero se equivocan.

El aislamiento internacional tiene su precio, y Maduro lo sabe muy bien. Él pasa gran parte de su tiempo y despilfarra millones de dólares en viajar por todo el mundo en busca de apoyo diplomático, porque lo necesita para proyectar una imagen de fuerza dentro del país, y dentro de su propia coalición de gobierno.

La suspensión de Venezuela de la OEA sería un gesto de apoyo a la oposición pacífica venezolana, y -a nivel internacional- ayudaría a consolidar la noción de que Venezuela tiene un régimen de facto, que ha violado la Constitución. Convertirse en un paria en su propia región haría lucir más frágil a Maduro, y le dificultaría recibir préstamos de emergencia o refinanciar las deudas de Venezuela.

Según me dicen fuentes diplomáticas de la OEA, Estados Unidos no está buscando activamente la suspensión de Venezuela de la OEA porque teme que no contaría con los dos tercios de los votos necesarios. Muchas naciones caribeñas que todavía reciben algunos subsidios petroleros venezolanos están poco dispuestas a votar en contra de Maduro.

Además, Estados Unidos podría temer que, de suspenderse a Venezuela de la OEA, Bolivia y Nicaragua renunciarían también, lo cual debilitaría a la organización. El Presidente Obama sigue manteniendo la esperanza de que la mediación del Vaticano, así como la mediación encabezada por el ex Presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, ayudarán a encontrar una solución pacífica al conflicto venezolano.

Mi opinión: Ya no tiene sentido que Estados Unidos continúe centrando toda su política hacia Venezuela exclusivamente en el diálogo, y menos en la mediación de Rodríguez Zapatero, que solo ha ayudado al régimen de Maduro a ganar tiempo. Hay que apoyar las mediaciones, pero como uno de varios caminos simultáneos para restablecer la democracia.

En vista de los sucesos más recientes, las democracias de la OEA deberían invocar la Carta Democrática Interamericana del grupo e imponer un ultimátum por el cual Venezuela debería restablecer el orden constitucional antes del 15 de noviembre y permitir un referendo revocatorio antes del 10 de enero, o sería suspendida de la comunidad diplomática regional.

Esa sería la manera más efectiva de reabrir una vía constitucional para resolver la crisis y evitar tanto una escalada de violencia como una posible oleada de cientos de miles, o tal vez millones, de refugiados venezolanos, que se sumarían a los 1,4 millones que ya han salido del país. Es hora de actuar, antes de que sea demasiado tarde.