No hay país realmente libre cuya educación sea un monopolio privado, ni mucho menos estatal.

Por eso llama mucho la atención la obstinación gubernamental en ofrecer gratuidad universal, incluyendo a los que pueden pagar, y no priorizar los recursos en los menores, que constituyen la base de la formación. Esta promesa, unida a otras reformas que se han ido conociendo, que vendrán poco a poco, nos lleva implícitamente a una fijación de precios e intervención total; en fin, a una suerte de estatización añeja que nos trae recuerdos de una época que los más jóvenes no conocen. En efecto, la determinación de gratuidad, por ejemplo, nos llevará a la fijación de aranceles de las miles de carreras existentes, y se parece mucho a la de aquellos funcionarios de la Dirinco, que, en el pasado, diariamente fijaban los precios de todos los productos, incluidas todas las variaciones de completos (hoy, hot dogs). También nos trae a la memoria la movilización masiva de familias que llevó a frustrar el intento de una Escuela Nacional Unificada (ENU). Estamos a tiempo de rectificar, y la sensatez de nuestra gente lo está señalando.

El cambio que ha significado el aporte de las universidades privadas es invaluable. Todos tenemos un ejemplo cercano estudiando o trabajando. Cientos de miles de profesionales egresados desde la reforma de 1981 nos hacen ya olvidar cuando solo se podía escoger entre unas muy pocas universidades, frustrando las esperanzas de otros cientos de miles de jóvenes.

Las malas reformas propuestas se confunden con la discusión de doctos académicos que quieren diferenciarlas arbitrariamente bajo distintas agrupaciones que no definen calidad y, en modo simple, se concentran en dos bloques: las 25 antiguas, autodenominadas del CRUCh, y las otras 35 más nuevas y emergentes.

Las del CRUCh actúan como club cerrado, monopolizando el manejo y la información de la PSU, lo que dificulta la admisión a los estudiantes. Lo constituyen estatales y privadas con distintos años y niveles de acreditación. Las une, en forma importante, la discusión por el financiamiento estatal que las otras no tienen, en vez de priorizar la calidad y los principios. Me pregunto si en la Facultad de Economía, en la que me gradué, con excelentes profesores, en las clases de economía de mercado se pone como ejemplo el CRUCh que promueven sus rectores.

El otro grupo, las nuevas privadas, avanza inexorablemente con calidad y profesionalismo. A pesar de todas las trabas, hoy un poco más del 50% de los alumnos ingresan a dichas universidades, y también al mundo laboral. Algunas superan en acreditación a las del primer grupo. Mayoritariamente, sus egresados son primera generación de profesionales, que enorgullecen a sus familias. ¿Se justifica discriminarlas?

Permítanme la licencia de un ejemplo de muchos, con nuestra universidad, que es superada por muy pocas en años de acreditación y que además tiene su origen en el sur del país. La facultad que dirijo acaba de obtener seis años de acreditación, existiendo, a la fecha, solo tres facultades que nos superan (por cierto, la similar de la Universidad de Chile no está acreditada. ¿Será la razón de la propuesta que debe acreditar el Estado?).

Por eso la búsqueda y la discusión más allá de lo público o lo privado debiera centrarse en una universidad que para que se precie de tal debiera promover la calidad y búsqueda del progreso espiritual y material de sus egresados y de todos los miembros de su comunidad universitaria, y fomentar un espíritu de servicio al prójimo y un compromiso con el bien común, entendido como el conjunto de condiciones sociales, políticas y económicas que hacen posible la libertad, la justicia y el progreso equitativo de todos los miembros de la sociedad.

Mikel Uriarte Plazaola
Decano Facultad Economía y Negocios Universidad San Sebastián