El impasse que ha marcado el inicio de la gestión del ministro de Justicia, Jaime Campos, es en gran medida de su propia responsabilidad. Conforme con los estándares generalmente reconocidos, ciertas formas de "comunidad de techo" entre abogados dan lugar a un estudio jurídico, a cuyos miembros se extiende la apreciación de eventuales conflictos de interés. Como ha explicado el colegio de la orden, la inhabilidad de un abogado se hace extensiva a los demás profesionales de un estudio cuando esa vinculación profesional "supone compartir gastos, utilizar un nombre común, publicitar al estudio profesional como una entidad a través de su página web y copatrocinar, aunque sea ocasionalmente, la defensa jurídica de ciertos clientes". Tal es justamente el caso del ministro, pues al menos uno de los miembros de su estudio atiende a la empresa Morpho, que a su vez aparece como uno de los posibles responsables de la crisis provocada por los cambios inconsultos de domicilio en el padrón electoral.

En términos políticos, constituyó un error aceptar el nombramiento justo cuando la causa inmediata para la remoción de su predecesora en el cargo fue precisamente ese problema. Un segundo error fue anunciar que su cartera identificaría a los responsables -"todos grandecitos"- y que luego "rodarían cabezas", entre las cuales después se supo que podría estar la de la empresa cliente de su propio estudio jurídico. El tercer error fue negar todo conflicto de interés utilizando la figura de la "comunidad de techo", argumento que fue rectificado por una declaración pública del Colegio de Abogados -aprobada por una amplia mayoría de su consejo, para evitar confusiones respecto del contenido de la ética profesional- y que ya había provocado críticas entre los profesionales de la actividad jurídica.

La oposición ha demandado la renuncia de Campos, señalando que tiene poco sentido la permanencia de un ministro que deberá abstenerse de intervenir en la solución de los problemas del Registro Civil y que puede haber numerosas materias donde tiene interés el estudio jurídico del que forma parte, y de las cuales la ciudadanía no tiene conocimiento. Situaciones de esta índole pueden ser menos problemáticas cuando la opinión pública puede descansar en que el funcionario en cuestión sabrá, en términos generales, administrar sus conflictos de interés; pero la interpretación que intentó darle el ministro Campos a la figura de la comunidad de techo no ayuda a ese respecto.

El episodio debe ser un llamado de atención para todos quienes pasan desde lo privado a lo público y viceversa, una dinámica que es en sí misma positiva y que debe ser estimulada, pues tiene el potencial de fomentar como ninguna otra la excelencia y la mirada de conjunto en todos los ámbitos de la vida nacional. Las buenas intenciones, la nobleza de los fines que se persigue y la opinión que uno mismo tiene sobre su propia calidad moral están lejos de ser garantías suficientes de un proceder conforme a la ética profesional y a la ética pública. A todo esto es necesario añadir estándares objetivos y universales, capaces de orientar las decisiones aun en situaciones difíciles u opacas, o cuando la presión para justificar el uso de cualquier medio es grande. Nadie puede considerarse eximido de estos criterios elementales y todos quienes están llamados a aplicarlos deberían tener la prudencia de conocerlos en profundidad.