Es cierto que el presupuesto para 2017 ha debido ser muy austero, pero eso nada tiene que ver con introducir discriminaciones que no responden a una lógica que promueva el fortalecimiento del sistema de educación superior.

Por de pronto, no parece existir una interpretación adecuada del fallo del Tribunal Constitucional que obligó el año pasado a modificar la glosa con la que partió formalmente la gratuidad. En efecto, el Gobierno ha decidido extender la gratuidad a institutos profesionales y centros de formación técnica, pero exigiéndoles que estén organizados como instituciones sin fines de lucro y cuyos controladores, de existir, también se ajusten a esa exigencia. Sin embargo, en su fallo de 2015 el tribunal analizó si los requisitos específicos exigidos a las instituciones de educación superior eran razonables, atendido el objetivo de la glosa: asegurar un derecho a la gratuidad de la educación de los jóvenes pertenecientes a los cinco primeros deciles de ingreso. Y concluyó que no lo eran y que, por tanto, ponían en entredicho la posibilidad de ejercer ese derecho. En particular objetó "que a dichos estudiantes vulnerables se les imponga para el goce de la gratuidad, consagrada en la Ley de Presupuestos, condiciones ajenas a su situación personal o académica, como es el hecho de encontrarse matriculados en determinadas universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales, estableciendo una eventual exclusión respecto de aquellos". La nueva glosa elaborada por el Ejecutivo no se hace cargo de este pronunciamiento constitucional, especialmente si se tiene en mente que el ordenamiento jurídico actual permite a los IP y CFT tener fines de lucro.

Asimismo, es difícil entender que después de considerar las distintas reasignaciones que comprende el presupuesto de educación superior, los recursos contemplados para las universidades privadas del Consejo de Rectores distintos de la gratuidad, becas y créditos desciendan en términos reales en una cifra del orden de 13,5 millones de dólares. Mientras tanto, el presupuesto de las instituciones estatales (excluyendo los recursos destinados a las nuevas universidades y CFT estatales) crece en casi 17 millones de dólares. Estos recursos son destinados fundamentalmente a la investigación y la provisión de otros bienes públicos, y -en rigor- la producción relativa en esas áreas no ha variado significativamente entre las universidades estatales y privadas del CRUCh y, si en algo ha cambiado, ha sido en favor de las segundas. En consecuencia, esa decisión no puede ser reflejo de una política que considere seriamente el rol público de las instituciones privadas. La situación es especialmente grave porque se mantiene una política de aranceles regulados que hace caer los ingresos por docencia de gran parte de esas universidades.

Al desaparecer definitivamente el aporte fiscal indirecto del presupuesto, los recursos disponibles para investigación de las universidades privadas que han adscrito a la gratuidad también presenta, en la práctica, un leve retroceso. Es más, el aporte fiscal directo, que es la principal fuente de financiamiento basal de la investigación, se mantiene congelado en términos reales, a pesar de que para el Presupuesto 2012 se acordó trasnsversalmente un reajuste real anual de cinco por ciento por diez años. Son cambios sin mayores explicaciones y que no obedecen a una política clara de apoyo a la investigación, lo que indudablemente afecta el desarrollo de esta área, que es crucial para el progreso del país.

El Gobierno debiera hacer un mayor esfuerzo para que las asignaciones presupuestarias sigan pautas predecibles, que no discriminen arbitrariamente entre instituciones y permitan a las instituciones proyectarse por plazos más largos. Los costos que tienen las improvisaciones actuales son muy altos y dañinos para el futuro de nuestro sistema de educación superior.