Una investigación periodística de "El Mercurio" reveló la pasividad del Ministerio de Salud frente a los médicos que no cumplen su obligación de prestar servicios en hospitales públicos, por un determinado plazo, como una forma de devolver al Estado lo invertido en su beca de especialización.

En más de la mitad de los casos -de una muestra de 63 indagados periodísticamente-, las autoridades no habían emprendido las correspondientes acciones judiciales de cobro para hacer responsables a los médicos que habían eludido o abandonado prematuramente su obligación. Los profesionales en cuestión representan alrededor de 1,5 al 3 por ciento de los médicos del programa destinado a formar especialistas, el que considera una duración promedio de especialidad de tres años y los $4.200 millones invertidos en ello. Pero en algunos servicios, sin embargo, el abandono investigado llega al 10% del total.

En el ámbito de los empleados fiscales -académicos o profesionales- que realizan estudios graduados en el extranjero, la Contraloría presiona a las instituciones para que hagan efectiva la responsabilidad de prestar servicios al Estado como forma de restituir el apoyo económico recibido, y ha calificado esa omisión como una malversación de fondos. Así, las universidades y otras instituciones solicitan avales y exigen judicialmente la restitución de los recursos si el empleado no regresa al completar sus estudios y no permanece el tiempo estipulado.

El sistema de becas de especialización médica no parece igualmente riguroso.

Tener que trabajar para el Estado recibiendo rentas relativamente bajas frente a lo que podrían recibir en el sector privado hace que muchos se vean tentados a no cumplir su obligación. En ocasiones, las destinaciones son alejadas de las ciudades en las que los nuevos especialistas podrían aumentar sus ingresos trabajando en forma privada más allá de la jornada regular. Asimismo, las destinaciones más atractivas podrían depender de las conexiones personales, lo que podría crear molestia entre los que se sienten perjudicados. Este es el tipo de aspectos que el Ministerio debería mejorar para reducir el costo de la obligación para los recién egresados de estos programas, pero bajo ningún concepto debe dar la señal -injusta además frente a quienes se esmeran en cumplir- de que el abandono de esta obligación no acarrea consecuencias.