Parecen razonables las dudas que suscita el anuncio de cambios en las tarifas eléctricas de riego hecho por el Ministerio de Energía. La medida, tal como se plantea en el sitio web de esta institución, busca atender "un viejo anhelo del sector agrícola".

Resolver los problemas de competitividad y productividad requiere de acciones decididas por parte del Estado. Estas deben apuntar a brindar las condiciones necesarias para que individuos, empresas e incluso sectores del país puedan aprovechar sus ventajas comparativas, para así posicionarse local y globalmente.

Sin embargo, hay fundadas razones para cuestionar la argumentación de que medidas diseñadas para beneficiar a sectores específicos cumplen ese objetivo. Existen serios riesgos de que una estrategia de "selección de ganadores" por parte del Estado pueda desvirtuar el rol del sector público para impulsar el crecimiento económico e incluso no asegura una mayor productividad de los beneficiados.

La medida anunciada en beneficio del sector agrícola propone un abaratamiento del pago por electricidad en dichas actividades a través de una reducción del costo de la potencia, lo que estaría además acompañado por un aumento en el componente de la tarifa asociada a la energía. Las modificaciones serían incorporadas en los procesos de determinación de tarifa que regula la distribución eléctrica (Valor Agregado de Distribución o VAD), los que se llevan a cabo cada cuatro años. En la práctica, se buscaría que este tipo de clientes no fuesen castigados por el cargo asociado a la potencia (la disponibilidad de energía), alivianando así, por ejemplo, los altos costos de electricidad que enfrentan durante los meses de invierno ("horas punta"). Con todo, la modificación tendría como objetivo ajustar los precios para que estos reflejen mejor los patrones de consumo de los agricultores con actividades productivas intensivas en riego. Se espera que las nuevas tarifas para los agricultores comiencen a regir a partir de la primera mitad del próximo año.

Existen detalles técnicos que pueden justificar el cambio, pero eso no desvanece algunas inquietudes respecto de esta política. La más obvia pasa por la selección discrecional que hace la autoridad de un determinado sector con tarifas reguladas para promover sus actividades productivas. Efectivamente, la tarificación de energía ha sido un tema de largo debate en agricultura, ¿pero no representa esto un precedente para demandas de otros sectores, que tienen sus propias justificaciones, para que se extiendan las excepciones tarifarias? Por otra parte, si bien la lógica de ajustar las tarifas a los patrones de consumo de los clientes puede tener un asidero técnico, no es posible descartar que una solución más eficiente hubiese sido apostar por el ajuste del consumo de energía en el sector a los precios existentes. Esto podría haberse realizado, por ejemplo, a través de la incorporación de nuevas tecnologías en el riego. Por último, el argumento de que este tipo de cambios tarifarios refleja un compromiso con la productividad, competitividad y el impulso al crecimiento es una promesa por cumplirse. Por cierto, de todos los ámbitos de acción del Estado, el sector energético ha mostrado un mayor dinamismo durante los últimos años, pero ello no ha sido suficiente para revertir los negativos efectos del conjunto de políticas económicas impulsadas por la autoridad. Y más importante aún, falta bastante para poder confirmar que los cambios en el sector dieron un nuevo rumbo a la trayectoria de nuestra economía.