El magro crecimiento de la actividad económica y la saludable moderación de la inflación han puesto nuevamente en debate la opción de recurrir a políticas expansivas, fiscales o monetarias, para estimular la demanda de consumidores e inversionistas. Como esta semana se dará a conocer el proyecto de ley de presupuesto para el año próximo, la atención está puesta en el rol que pueda adoptar la política fiscal. Mientras tanto, entre los especialistas se discute la posibilidad de que sea el Banco Central el que tome ese papel, rebajando las tasas de interés.

Hay amplio acuerdo entre los expertos en que la principal causa del problema es el bajón de las expectativas de consumidores y empresarios, producto tanto de las condiciones de la economía mundial como de la incertidumbre que suscita el programa de reformas del Gobierno. En esas condiciones es esperable que se posterguen o cancelen planes de gasto o inversión por parte de personas y empresas y se desacelere el crecimiento.

A primera vista, la retracción de la demanda haría oportuna una acción anticíclica por parte del Estado. Es lo que enseñó John Keynes, el famoso economista inglés, ochenta años atrás. Pero, desde entonces, las investigaciones económicas han sembrado sobre esa recomendación una buena cuota de escepticismo: al final, todo depende de cómo reaccionen las expectativas. En condiciones de alta incertidumbre sobre la real capacidad de crecimiento de la economía, no sorprendería que un aumento de la demanda alimentado por políticas expansivas, en lugar de incrementar la actividad productiva, condujese tan solo a mayor inflación. Por otra parte, únicamente políticas fiscales y monetarias percibidas como sostenibles por un tiempo prolongado podrían impulsar la demanda sin causar efectos contraproducentes.

Como ha planteado el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la actual coyuntura no es apropiado emplear la expansión fiscal como herramienta reactivadora. El proyecto de presupuesto fiscal del 2017 se espera contemple un crecimiento moderado del gasto público -cercano al 3% real- y una leve reducción del déficit "estructural", evaluado según las proyecciones de largo plazo para el cobre y el crecimiento del PIB. Aun así, el déficit efectivo es probable que se mantenga inconvenientemente alto, asomándose al 3% del PIB. Esto haría imprudente y contraproducente intentar una expansión fiscal mayor. En cambio, al interior de un presupuesto austero, el Gobierno debería privilegiar inversiones de alta rentabilidad social e implementación expedita, aunque eso le implicara restringir otros gastos muy preciados.

La opción de un giro expansivo en la política monetaria parece más plausible, dada la importante reducción de la inflación. Pero es aún prematuro cantar victoria. La presión de los costos salariales sigue siendo significativa, especialmente debido al virtual estancamiento de la productividad laboral. La moderación del IPC debe mucho a la fuerte caída del dólar durante el año. Hay quienes temen que ya sea porque los intereses suben en Estados Unidos o porque China se debilita, el peso y otras divisas latinoamericanas volverían a depreciarse. Si así fuese, el control de la inflación no estaría en absoluto asegurado.

Por cierto, es posible concebir que una combinación virtuosa de ajuste fiscal, recorte de intereses y alza real del dólar reanimaría el crecimiento económico sin alimentar mayores presiones inflacionarias. Pero, como es dudoso que esa alternativa sea hoy viable, más vale cuidar el importante avance logrado últimamente en el control de la inflación y no adelantarse a pisar el acelerador monetario. Poco ganaríamos si, en medio de la desconfianza reinante, termináramos poniendo también en duda el férreo compromiso del Banco Central con la estabilidad.