Sin acuerdo terminó la última reunión efectuada entre dirigentes de los trabajadores del sector público y los representantes del Gobierno -el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el subsecretario, Francisco Díaz- sobre el reajuste de sueldo de los funcionarios del Estado. La propuesta de reajuste salarial de 2,9% nominal ofrecida por el Gobierno está demasiado lejos del reajuste y aumento de 7,5% a que aspiran los funcionarios públicos.

De esta forma, al finalizar la reunión, los dirigentes gremiales anunciaron que convocarían a un paro nacional para el próximo jueves y a una serie de movilizaciones en las distintas ciudades del país, para presionar al Gobierno y obligarlo a concederles el aumento de remuneraciones que demandan.

Como suele ocurrir, otra vez el país se ve enfrentado a una negociación en el sector público, que se transforma de hecho en el compromiso de gasto más significativo del año para el Estado, no solo por el reajuste propiamente tal, sino por los beneficios asociados a él.

La negociación del sector público presenta dos dimensiones de distinto orden.

Por una parte, la coyuntura es la que define gran parte de la capacidad que tiene el Gobierno para incrementar los salarios del año siguiente. En el caso actual, evidentemente el contexto es restrictivo y contrasta -aunque los gremios pretendan ignorarlo- con el escenario vivido hace algunos años, cuando las demandas salariales se levantaban en medio de una situación generalizada de bonanza.

La segunda dimensión es más profunda y suele obviarse por la premura de la urgencia. La pregunta que cabe hacerse es si los salarios del sector público, en comparación con los del sector privado, son adecuados y si el número de trabajadores es el requerido para que se cumplan apropiadamente las funciones de cada repartición pública.

Las cifras muestran que para trabajadores de menor calificación, las condiciones laborales son mejores en el sector público que en el privado, mientras sucede lo contrario para los cargos más altos, especialmente los de profesionales calificados. Al mismo tiempo, la sobredotación de ciertas reparticiones, en muchos casos de asesores cuyas funciones son poco claras, atenta en contra de la eficiencia del aparato estatal.

En la actual negociación, dado el elevado déficit fiscal, es fundamental que el Gobierno no ceda a las presiones de la ANEF, considerando el muy alto monto de recursos que significa cada punto adicional de reajuste. Es claro que ello es difícil en el ambiente de período electoral en que se realiza esta negociación.

Pero más allá de lo anterior, seguirá pendiente un análisis mucho más profundo de la forma de organizar el Estado en cuanto a sus trabajadores, el estatuto que los rige, la pertinencia de la inmovilidad funcionaria, las condiciones laborales a las que están expuestos y -fundamentalmente- la cantidad de ellos que se necesitan para un funcionamiento adecuado del Estado. Mientras no se aborde la postergada modernización del Estado, estas negociaciones salariales seguirán cerrándose sobre la base del poder de presión, coyuntura política y firmeza de las autoridades, criterios que no aseguran en absoluto una inversión responsable de los recursos fiscales.