Está pronta a votarse en el Senado la reforma constitucional para la elección democrática de los intendentes. Es una medida que respaldamos, pero tenemos reparos en cuanto al diseño institucional propuesto por el Gobierno para implementarla.

Actualmente, el intendente tiene tres tareas: es el Ejecutivo del gobierno regional, que administra el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (10% del presupuesto que el Estado invierte en la región), y como representante del Presidente de la República coordina a los secretarios regionales (seremis) y supervigila los servicios públicos (Serviu, Sercotec, Indap, etcétera). La propuesta del Gobierno es que la autoridad elegida quede con la primera tarea, mientras que el secretario regional presidencial, nuevo representante del Presidente en la región, se hará cargo de las dos segundas. Nos parece evidente que con este diseño se va a producir ingobernabilidad, porque tendremos dos autoridades regionales: una elegida democráticamente, pero sin poder, y la otra con mucho poder, pero nombrada desde Santiago.Frente a esta crítica, el Gobierno ha propuesto la entrega de una serie de funciones adicionales al intendente elegido. El problema es que esas nuevas competencias no van acompañadas de financiamiento, y tampoco de capacidad de ejecución. Por ejemplo, el gobierno regional tendrá la facultad de "orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos localizados en ella". Pero los servicios públicos encargados del desarrollo territorial -como, por ejemplo, Sercotec- dependen del ministro de Economía. Entonces, para ejecutar esa competencia, el intendente necesitará la concurrencia de servicios públicos que dependen de Santiago. Esto no es problema cuando el intendente es designado, porque como representante del Presidente de la República tiene poder sobre los servicios públicos. La dificultad aparece cuando el intendente es elegido, porque, según el diseño institucional del Gobierno, los servicios públicos van a depender del secretario regional presidencial. Entonces, para poder ejecutar sus competencias, la autoridad regional elegida va a necesitar la buena voluntad de la autoridad nombrada por el Presidente.

Le propusimos al Gobierno que entregara quizá menos competencias a las regiones, pero con el financiamiento necesario y con la capacidad de ejecutarlas de manera autónoma. Una posibilidad era regionalizar algunos servicios -como Vialidad, por ejemplo-, pero el Gobierno respondió que era muy complejo. Planteamos entonces la creación de servicios públicos regionales que tuvieran tareas específicas que debían dejar de realizar los servicios dependientes de los ministerios, para evitar la duplicidad de funciones. El Gobierno dijo que era muy difícil que los ministros entregaran las tareas que hoy cumplen. Pero ¿no se trata justamente de eso? ¿De que Santiago entregue poder a las regiones?

Adicionalmente, hay un problema que poco se ha mencionado: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que quedará en manos de los intendentes elegidos, financia básicamente proyectos a los municipios. Si hoy ya existen tensiones entre los intendentes nominados y los alcaldes de otros partidos políticos por la repartición de estos fondos, nos parece evidente que estas van a aumentar con un intendente elegido.

Estamos, entonces, frente a un dilema. Creemos que es necesario elegir a los intendentes. Sin embargo, consideramos que el diseño institucional propuesto por el Gobierno va a producir ingobernabilidad. ¿Qué va a pasar cuando el intendente elegido sea de un partido político y el Presidente de la República de otro? Un intendente elegido con el 40% de los votos, pero sin una tarea específica que cumplir por la cual deba rendir cuenta frente a su electorado, tiene todos los incentivos para transformarse en una figura populista que culpa al gobierno central por las tareas que no puede abordar. Nos parece evidente que en esta pugna de poder, los únicos que saldrán perdiendo serán los ciudadanos de las regiones. Otra buena idea que por la mala implementación del Gobierno está destinada a fracasar.

Ena von Baer
Senadora UDI