Con el objeto de impedir que las instituciones de educación superior con fines de lucro, sean institutos profesionales o centros de formación técnica, pudieran acceder a los fondos públicos de la política de gratuidad, en el estreno de ese financiamiento se excluyó a los estudiantes vulnerables de esas instituciones de los beneficios reconocidos a los alumnos de las universidades.

Para justificar esa discriminación, las autoridades han sostenido que una forma jurídica con fines de lucro sería incompatible con la calidad, pero no ha aportado antecedentes para sustentar esa supuesta correlación.

En rigor, esa oferta de educación técnico-profesional requiere de importantes inversiones y una estrecha vinculación con el mundo del trabajo. Por eso no extraña que el sector privado se haya interesado en desarrollarla, incluidos varios emprendimientos con fines de lucro. Con todo, ese rasgo no es determinante de la calidad académica de una institución, ya que para aspirar a recuperar las inversiones y obtener utilidades tiene que desarrollar adecuadamente la misión educacional que se ha propuesto. Por otra, las instituciones estatales -más bien escasas en este sector educacional- o privadas sin fines de lucro también enfrentan tensiones entre los objetivos de su misión, que no aseguran que la reinversión de excedentes va a orientarse necesariamente a la calidad. De ahí que sea mucho más razonable exigir estándares de desempeño elevados, antes que privilegiar un modo de organización jurídica por sobre otros. Es decir, promover la calidad en la realidad que existe y funciona en el sector, antes que diseñar con la ley un espacio virtual -de las organizaciones sin fines de lucro- en que supuestamente la calidad se daría en forma casi natural.

En el caso de los institutos profesionales y centros de formación técnica -a diferencia de las universidades-, la ley permite su organización como emprendimientos con fines de lucro y retiro de utilidades. Sabiendo que este era el caso, el Estado creó mecanismos de financiamiento que apoyaron a estudiantes que asistían a estas casas de estudio, las que respondieron invirtiendo importantes sumas de dinero a través de aportes de capital de sus dueños o endeudamiento. El Gobierno actual ha decidido asegurar gratuidad a los estudiantes de estas instituciones siempre que ellas sean sin fines de lucro. Para estos efectos ingresó un proyecto, en respuesta a una moción parlamentaria, que les permitiría a dichas organizaciones transformarse en entes sin fines de lucro. El proyecto no ha avanzado e incluso su tramitación fue suspendida en mayo pasado, en parte porque no resolvía ninguno de los problemas que se supone debe abordar para producir esta transformación. En efecto, es muy difícil plantear que ante un cambio de las reglas del juego tan significativas los socios de estas instituciones no demanden una compensación. Con todo, más allá de estas consideraciones, es importante que el Gobierno zanje esta situación y reduzca la incertidumbre legislativa. Esta es tanto o más importante para los estudiantes.

Si no se equilibran los beneficios entre las diversas instituciones, los jóvenes podrían preferir programas universitarios poco pertinentes para ellos y de duración más prolongada, con todos los costos individuales y sociales que ello conlleva. El proyecto de reforma a la educación superior si bien no lo estipula, insinúa un compromiso posible. La gratuidad solo existirá en las instituciones que sean efectivamente sin fines de lucro y los mecanismos de ayuda estudiantil "tradicionales" (becas y crédito) podrían reservarse para el resto de las instituciones, siempre que cumplan con elevados estándares de calidad. En su formulación actual el proyecto establece que en régimen las instituciones con fines de lucro no pueden recibir fondos públicos, pero si el Estado quiere evitarse la necesidad de compensarlas, podría seguir este camino también para estas instituciones. Más allá de la solución elegida, el Gobierno no puede seguir sosteniendo la injusticia original.