Tras las demostraciones callejeras, el tema previsional se ha apoderado de la agenda pública. El Gobierno ha esbozado una propuesta, la cual, aunque imprecisa, al menos permite una deliberación seria y constructiva. Mientras tanto, organizaciones empresariales, centros de estudio y las propias AFP anuncian la formación de sendas comisiones para la entrega de nuevas recomendaciones. Es tema importante, de alta complejidad técnica, hondas repercusiones y que despierta grandes expectativas. Sin embargo, a la luz de las falacias y mitos que han aflorado en el debate, es menester que todos los actores involucrados -desde luego el Gobierno, pero obviamente también las AFP- destinen muchos más esfuerzos en educar a la ciudadanía sobre el particular.

Se plantea, por ejemplo, que la capitalización individual que rige nuestro sistema sería injusta y que lo priva del principio de solidaridad inherente a un sistema de reparto. Es verdad que hoy su pilar central es el ahorro personal del trabajador, depositado en cuentas nominativas, invertido por las AFP en el mercado de capitales nacional y extranjero, y empleado a la postre para financiar pensiones proporcionales a lo ahorrado por cada cual. Pero, como ha planteado el economista de la Universidad Católica y destacado experto internacional en la materia Salvador Valdés, tanto en nuestro sistema como en los de reparto de los países más avanzados el "componente solidario" no proviene de la previsión, sino de transferencias fiscales financiadas con impuestos generales.

Hay buenas razones técnicas -no desestimular el empleo formal- y de justicia -no recargar los salarios con un impuesto que suele ser regresivo y cuya recaudación no necesariamente beneficia a los más pobres- para no llevar al sistema previsional a hacerse cargo de la redistribución solidaria de ingresos que se demanda. Dicha tarea puede ser mejor desempeñada por programas sociales bien diseñados y potentes, apuntados hacia quienes más necesitan del apoyo estatal y solventados por impuestos cobrados mayormente a los más acaudalados. En relación con la vejez, esa es la función que desempeña en Chile el llamado pilar solidario -responsable del grueso de las pensiones de los más pobres- y tal vez habría que orientar el debate en curso a fortalecerlo.

Otra queja común es que las bajas pensiones evidenciarían que nuestro sistema previsional habría sido diseñado para una realidad diferente, sin las "lagunas" previsionales que se han evidenciado. Es cierto que tales lagunas impiden a muchos acumular ahorros suficientes para una pensión digna. Es válido que el sistema no ha sabido difundir sus ventajas -y entre ellas la propiedad individual de los ahorros- ni motivar a las personas a cotizar con la frecuencia debida y por el monto debido. Hay allí una responsabilidad tanto de las autoridades como de las empresas del sector. Pero no es menos cierto que la verdadera causa del problema no es una falla del sistema previsional, sino una disfuncionalidad de nuestro mercado laboral. Precisamente la gran crítica que merecen regulaciones que rigidizan las relaciones laborales -como la reforma recientemente promulgada- es que exacerban los períodos de cesantía, los empleos esporádicos, los trabajos por cuenta propia, los que originan las referidas lagunas. Ojalá el debate previsional apuntara hacia las causas de fondo del problema.

Hay quienes culpan a las AFP de ejercer un poder desproporcionado en el manejo de los fondos, ignorando que su estricta normativa les exige una cuidadosa selección y diversificación de sus inversiones. Paradójicamente, son los sistemas de reparto, como el que tuvimos antes en Chile o el que hoy gobierna las jubilaciones de Gendarmería, motivo de justificado escándalo, los que verdaderamente se prestan para la manipulación y el aprovechamiento político. Desgraciadamente, la iniciativa gubernamental de destinar parte o todo el 5% adicional de cotización previsional a un fondo común corre el riesgo de convertirse en botín de los apetitos políticos. Una ventaja del sistema vigente -aunque ello incomode a algunos- es que las cuentas individuales son propiedad de sus titulares y están fuera del alcance de los intereses políticos.