Ha proliferado en el debate de las últimas semanas, con motivo de distintas iniciativas o problemas a solucionar, el concepto de instaurar una "solidaridad" dirigista impuesta por el Estado. Obviamente, semejante práctica no tiene los atributos propios de la solidaridad.

La solidaridad es ese sentimiento moral que dispone a las personas a colaborar o a ayudar a otros cuando estos caen en desgracia o sufren algún infortunio transitorio o permanente. Esa disposición conductual proviene de sentimientos y capacidades creativas profundamente enraizadas en nuestra naturaleza, surgida y moldeada durante nuestro pasado cazador-recolector. Pero es necesario entender bien la lógica que instaló esos sentimientos en nuestra conciencia y la forma en que operaban, antes de aplicarlos indiscriminadamente en nuestra sociedad: la solidaridad hacia el prójimo solo se activaba en aquellas situaciones en las que el receptor de favores sufría una enfermedad o había sido presa del infortunio, lo que era fácilmente controlable por el grupo; si alguien no sufría ese infortunio, sino que intentaba sacar partido del esfuerzo de los demás, procurando recibir la ayuda sin participar en el trabajo, era castigado sin recibirla.

Sin embargo, respecto de los derechos sociales -aspiración que guía gran parte de las iniciativas del Gobierno y su coalición política-, la invocación a una categoría abstracta de "solidaridad" busca aplicar otra modalidad de imposición en el diseño de una política pública específica, pero que termina reeditando la lógica de los impuestos generales. A diferencia de ese sobrepujamiento conceptual, solo hay solidaridad cuando los aportes que las personas hacen tienen la calidad de voluntarios, más allá de lo que la ley obliga.

Si se quiere desplegar una acción solidaria del Estado hacia los sectores más pobres de la comunidad, esta debe financiarse con las rentas generales de la nación. Estos fondos se han reunido aplicando los criterios de progresividad que determinan una mayor contribución de quienes más tienen y a la que se han agregado los impuestos de las empresas, entre otros. Aplicar una suerte de progresividad a cada una de las políticas públicas específicas que impulse la autoridad arriesga serias distorsiones en el foco de las mismas y puede terminar por sofocar a quienes aparezcan a ojos del Estado como menos vulnerables.

Por eso, el 5% de cotización previsional adicional propuesto por el Gobierno, con el que las empresas contribuirían a un fondo común de pensiones, no es estrictamente solidario; corresponde a una acción colectiva forzada, en que una parte de los actores -la empresa, directamente, y los trabajadores, indirectamente, a través de menores salarios futuros- contribuirá a que otros, los con pensiones más bajas, reciban un incremento en su jubilación. No es claro que la mayoría de quienes protestan contra las AFP pretenda recibir mejores pensiones sin que parte de ese aumento provenga de un mayor esfuerzo personal. Quienes, por el contrario, insisten en esa consigna no solo están siendo voluntaristas y mostrando un divorcio de la realidad financiera que subyace a las pensiones, sino que, además, lejos de expresar solidaridad, están manifestando el mismo egoísmo que ellos critican.

En las sociedades modernas, las reglas de distribución de lo "recolectado" son decididas por parlamentos y tienen un carácter general, de modo que el control de lo que cada individuo haga es muy difícil de fiscalizar. Por eso es que dichas reglas deben estar tan cuidadosamente diseñadas, tanto para evitar la aparición de conductas abusivas, parciales o totales, como para evitar que el resto se desaliente de participar en ese esfuerzo contributivo, pues en ambos casos se desbarata el sistema.