Gabriel Pardo

En algo todos están de acuerdo apenas comienzan a intercambiar opiniones. Aseguran que sus estudiantes, aquellos que asisten a Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, que suman más de 526 mil en Chile, están siendo discriminados por las autoridades.

Los rectores Gonzalo Vargas (Inacap y presidente del referente Vertebral), Ricardo Paredes (DUOC UC), Fernando Martínez (AIEP), Jorge Narbona (IP Chile), Cristóbal Silva (Esucomex) y Juan Pablo Guzmán (Instituto Profesional Santo Tomás, quien participó de manera remota) fueron reunidos por "El Mercurio" y plantearon que no hay suficiente comprensión del aporte que realiza este sector.

Critican el retraso en el proyecto que propone un mecanismo para que puedan optar a transformarse en instituciones sin fines de lucro. Y afirman que están en completa incertidumbre respecto de la posibilidad de que sus alumnos puedan entrar en el sistema de gratuidad en 2017 y bajo qué condiciones para las instituciones. Esto a solo un mes de que se presente, el 30 de septiembre, el proyecto de Ley de Presupuestos.

Pese a que esta semana el Gobierno constituyó un consejo para la educación técnico-profesional, que incluyó a seis ministerios, los rectores mantienen serias dudas sobre los proyectos en tramitación y lo que llaman una discriminación arbitraria del Mineduc, que desconocería que sus instituciones, en gran porcentaje, reciben a los estudiantes más vulnerables.

"Las autoridades declaran que la educación técnico-profesional es muy importante, pero a la hora de asignar los recursos eso no ocurre. Un país que dice que la prioridad es la inclusión y la productividad debería invertir en la educación técnica de nivel superior y de nivel medio", dice Gonzalo Vargas. Y agrega: "Estamos trabajando para distintos escenarios posibles sin tener la menor idea de cuál es la probabilidad de estar en un escenario u otro. No sabemos si podremos entrar o no en la gratuidad".

En la misma línea, Ricardo Paredes -cuya institución, el DUOC UC, es una corporación sin fines de lucro-afirma que "sin duda que hay un trato discriminatorio en contra de los estudiantes de la educación técnica. Lo último que pasó fue no entrar a la gratuidad, pero incluso aquellos que no están en gratuidad, pero que necesitan apoyo, tienen un financiamiento que es muy inferior, incluso en relación con el arancel de referencia".

Por su parte, Jorge Narbona critica que la iniciativa para transformarse en instituciones sin fines de lucro pone condiciones que hacen "inviable" lograrlo. "El proyecto tiene un artículo que exige que la institución mantenga las condiciones que tenía cuando obtuvo el licenciamiento y la acreditación. Eso es muy difícil de cumplir. Las instituciones han ido evolucionando en el tiempo y obviamente no mantienen esas condiciones".

Por otra parte, Cristóbal Silva dice que el proyecto de reforma a la Educación Superior "es la manifestación más concreta de que está concebido para resolver los problemas de las universidades del Estado. Por eso tiene un acento, como si todo el problema fuera la propiedad o la forma de administración de las instituciones".

También surgen reparos respecto del sistema único de admisión para las instituciones de educación superior, incluido en el proyecto de ley. Mientras algunos se oponen de plano, otros consideran que establecer un único proceso de selección para universidades y centros de formación técnica sería erróneo.

Desde esa perspectiva, Fernando Martínez afirma: "Estuvimos en reuniones dos años con el Mineduc y en este proyecto de ley de Educación Superior no hay una coma de lo que planteamos. Es frustrante".

"Esperamos que en la discusión legislativa se logre incorporar los aportes de todos los actores del sistema y construir un proyecto que beneficie fundamentalmente a los futuros técnicos y profesionales", agrega Juan Pablo Guzmán.