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Editorial
Jueves 25 de agosto de 2016
Empleados civiles en empresas militares
Desde hace ya varios años que existe un movimiento de trabajadores civiles que intenta integrarse a Capredena. En algunos casos, la Contraloría les ha dado la razón y en otros le ha cerrado las puertas a este traspaso, por considerar que no se cumplen los requisitos...
El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó al Estado el traslado de más de 1.300 empleados civiles de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) desde el sistema previsional de ahorro y capitalización individual administrado por las AFP al régimen previsional de las Fuerzas Armadas en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena, ha reimpulsado a otros trabajadores civiles que se desempeñan en el ámbito de las Fuerzas Armadas a buscar el mismo objetivo.
Desde hace ya varios años que existe un movimiento de trabajadores civiles que intenta integrarse a Capredena. En algunos casos, la Contraloría les ha dado la razón y en otros le ha cerrado las puertas a este traspaso, por considerar que no se cumplen los requisitos.
En todas las ocasiones, eso sí, los interesados han contado con el apoyo -más o menos explícito- de autoridades de gobierno y de parlamentarios, quienes incluso han hecho gestiones directas ante la Contraloría para que vise estos traspasos. La motivación central es beneficiarse de un régimen que por razones específicas de la carrera militar -estructura piramidal, fuerte especialización con escasos usos alternativos y el perfil de remuneraciones- paga pensiones que no están supeditadas a las cotizaciones realizadas por la persona durante su vida laboral. De hecho, en la mayor parte de los países existen regímenes previsionales especiales en el ámbito de la defensa.
No ocurre lo mismo, sin embargo, con los cerca de 10 mil civiles que desempeñan labores relacionadas con el ámbito militar, pese a que en muchos casos estas se realicen bajo la dependencia de uniformados. En esta situación se encuentran los alrededor de 6.105 civiles que se desempeñan en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea bajo las reglas del Código del Trabajo. A este grupo se suman los trabajadores de las tres empresas de la industria militar, que si bien tienen autonomía para gestionarse, sus planas directivas están integradas por uniformados. Asmar, Famae y Enaer emplean, en conjunto, a 3.527 civiles.
El traspaso a este régimen previsional no se justifica en la generalidad de los casos, desde un punto de vista conceptual, pues el desarrollo profesional de esos empleados no tiene la fuerte restricción de edad de la carrera militar, ni en muchos casos los riesgos de la misma, ni su estructura de remuneraciones, entre otras características. Desde un punto de vista económico, el costo fiscal de trasladar a los 9.811 civiles de la Defensa a Capredena sería de unos US$ 85 millones al año. Hay que tener presente que en este sistema previsional los ingresos por concepto de imposiciones del personal activo aportan solo el 10% del gasto en pensiones para el personal pasivo, mientras que el 90% restante es de cargo fiscal.
Es posible que el desenlace del conflicto judicial entre los sindicatos de la DGAC y esa institución pueda tener un efecto en aplacar o insuflar las expectativas de los empleados civiles de las dependencias y empresas militares por cambiarse de régimen previsional.