Colombia entra a una nueva etapa de su historia con el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. El texto "inmodificable" lleva la marca de unas arduas negociaciones en La Habana, y de la voluntad irrenunciable del Presidente Santos de poner "un fin efectivo a la violencia" y "definitivo". Su estrategia de enfrentarlas con las armas, en una primera etapa, y luego cuando ya estaban debilitadas, ofrecer diálogo con condiciones, parece encaminarse hacia el éxito, y el anuncio de ayer da cuenta de ello.

A lo largo de los cuatro años, "un esfuerzo titánico", según Santos, hubo un avance lento y tortuoso de puntos clave -reforma agraria, control del narcotráfico y reparación a las víctimas-, y se dejaron para el final los asuntos más espinudos, como la amnistía, la incorporación de los guerrilleros a la vida política y la verificación de los acuerdos. Estos temas fueron los que tomaron cuerpo en los últimos días, en los que surgieron demandas inaceptables para el gobierno, como que algunas de las propuestas de las FARC tuvieran rango constitucional.

El gobierno cedió, en cambio, en temas delicados, como la justicia transicional, y que son los que más críticas reciben de sectores opositores, especialmente cercanos al ex Presidente Álvaro Uribe. Santos tendrá que explicar muy bien a la ciudadanía cómo serán los juicios a los guerrilleros, especialmente a aquellos acusados de crímenes de lesa humanidad, que no son amnistiables ni prescriptibles. El punto focal de la oposición a esta forma de justicia es que ningún delito de violencia será sancionado con presidio efectivo, e incluso crímenes aberrantes tendrán una pena máxima de ocho años, con trabajos comunitarios en sectores escogidos (de ahí que sea solo "restricción efectiva de libertad" y no cárcel).

La presunta impunidad para los guerrilleros que por décadas asolaron los campos colombianos y llegaron hasta las ciudades con sus atentados terroristas, secuestros y extorsión es algo que muchos colombianos no aceptan fácilmente. Otros se han jugado por bajar las expectativas sobre el castigo para los guerrilleros a cambio de la paz. También puede ser polémico que el acuerdo les asegura, a partir de 2018, y por dos períodos, una representación mínima en el Congreso.

Humberto de la Calle, negociador del gobierno, resumió este sentir en una frase: "No es un acuerdo perfecto... pero es el mejor acuerdo posible". Con todo, serán los colombianos, en un plebiscito (probablemente en octubre), los que decidan si aceptan o no el acuerdo. La baja participación exigida para su validez ha sido motivo de controversia. La mayoría de los sondeos han sido poco auspiciosos para el "Sí", pero uno reciente de la firma Cifras y Conceptos asegura que el 65% de los electores está dispuesto a ir a votar, y que de ese porcentaje, el 74% votaría a favor. De ser así, sería un gran éxito para el Presidente Santos, que ha visto caer su popularidad hasta el 21%, lo más bajo desde que asumió el mandato.

ONU tendrá un papel crucial en la implementación de los acuerdos. No solo coordinará el movimiento de los guerrilleros a sus lugares de concentración, sino que velará por el control y monitoreo del desarme, que debe concluir 180 días después de la firma, y verificar que todo el armamento quede destruido o inutilizado. Desde ese momento, las FARC dejan de ser guerrilla y se convierten en partido político.

Este acuerdo de paz, como la mayoría de ellos, no deja contentos a todos. Será tarea del Presidente Santos, con una labor comunicacional y pedagógica importante, demostrarles a los colombianos que este sí los beneficiará, que el progreso de Colombia pasa por terminar la guerra, y que la incorporación de los rebeldes a la vida política no será una amenaza para la democracia, sino lo contrario.

Para Chile, que ha acompañado el proceso de negociación y será parte de la Comisión de Seguimiento de los acuerdos, es una oportunidad de mostrar su experiencia diplomática y su interés e involucramiento en los asuntos regionales.