Señor Director:

¿Es un impuesto obligar a los empleadores a financiar un beneficio asociado al empleo? Este debate se ha dado ya en la literatura académica de finanzas públicas, sobre la base del aporte fundamental del economista de Harvard Lawrence Summers al análisis económico de los programas de beneficios mandatados, en una publicación de 1989.

De acuerdo con su análisis, exigir a los empleadores contribuir al financiamiento de un beneficio de carácter social encarece el empleo, reduciendo la demanda por los servicios de los trabajadores. Sin embargo, si los fondos se utilizan para financiar una prestación que perciben solo quienes trabajan y, a su vez, los trabajadores valoran positivamente los beneficios, entonces los efectos adversos se atenúan e incluso pueden desaparecer.

Este es el caso de la propuesta de financiar un alza en las pensiones de quienes sí han cotizado sobre la base de un fondo común de contribuciones con cargo a los empleadores. La clave está en los dos aspectos ya mencionados -en otras palabras, en si la oferta de trabajo formal cubierto se eleva-. Por un lado, si beneficiarse no depende de haber trabajado y cotizado, entonces se trata de un impuesto puro. Por el otro, también lo es si los trabajadores no asignan valor a acceder a mejores pensiones. La demanda por mejores pensiones muestra que la segunda condición es efectiva. La primera lo será según si los beneficios se entregan únicamente a quienes hayan aportado.

Por cierto, este análisis no considera otros beneficios potenciales de la propuesta que van más allá de un simple análisis estático del mercado del trabajo, como una mayor seguridad ante fluctuaciones en la capacidad de aportar, y una mayor equidad social, aspectos ciertamente valorados socialmente y que no se dan si la nueva cotización se deposita completamente en la cuenta individual del trabajador.

Andrea Repetto
Universidad Adolfo Ibáñez

José De Gregorio
Universidad de Chile