Señor Director:

La reciente destitución de la rectora de la Universidad de Aysén ha dejado en evidencia, una vez más, las profundas contradicciones al interior del Gobierno, al transgredir en lo más profundo los principios y convicciones que la propia Mandataria estableció en su Programa de Gobierno.

Pero la gravedad de la disposición no radica en el acto como tal de solicitar la renuncia de Roxana Pey, sino en los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Educación que fundamentan la decisión.

En la declaración pública entregada por el Ministerio de Educación se indica que la decisión de remoción de la rectora descansa en que la propuesta de gobernanza de la Universidad de Aysén no resguarda la sostenibilidad y viabilidad de esta casa de estudios. Cuestión que ratifica Alejandra Contreras, al manifestar que tal decisión había sido tomada por la inviabilidad del proyecto institucional propuesto por la rectora.

Al cuestionar y poner en duda la viabilidad de un proyecto universitario por no guardar coherencia con la propuesta de Reforma a la Educación Superior, el Gobierno está planteando que una universidad solo será sustentable en la medida en que sus principios normativos estén alineados con los planteamientos políticos y programáticos del gobierno.

Pero, además, recordemos que la propuesta de estatuto se presentó mucho antes del Proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior, por lo que la falta de coherencia que fundamenta la supuesta inviabilidad resulta a lo menos absurda.

Con esta grave señal de censura no solo se transgrede el principio básico de autonomía universitaria, sino que se ratifican las intenciones de fomentar un modelo de educación superior que no propende a garantizar uno de los derechos esenciales de toda universidad estatal. Porque a pesar de que el proyecto de ley establece que la Presidenta cuenta con la potestad de solicitar la renuncia de la rectora mientras los estatutos no estén publicados, cuestión que ocurrirá el próximo 6 de agosto, resulta una medida totalmente arbitraria e infundada que encubre, a través de resquicios legales y normativos, una discrepancia más bien política.

No discutimos la facultad presidencial de petición de renuncia y destitución, pero sí es muy cuestionable la oportunidad y los febles fundamentos esgrimidos para tal decisión.

Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid
Rector Universidad de Santiago de Chile