Señor Director:

En mi calidad de vicepresidente de la Federación de Instituciones de Educación (Fide), que agrupa a directivos de 900 establecimientos educacionales del país, de todos los niveles y modalidades de enseñanza, con una matrícula de 550.000 alumnos que son atendidos por 25.000 docentes, quiero hacer presente mi más enérgica protesta por el rechazo del que fuimos objeto por parte del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Alberto Robles, ante nuestra solicitud de hacernos presente en la sesión de dicha comisión que se realizará el día martes 2 de agosto del presente año, única instancia en que será tratado el proyecto de ley (boletín N° 10.744-04) que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822.

Creemos que con esto se vulnera nuestro legítimo derecho de hacer presente nuestra posición en representación y defensa de los docentes que forman parte de nuestras comunidades educativas, que de acuerdo con el tenor del proyecto, son objeto de una discriminación arbitraria que tiene carácter inconstitucional, porque vulnera abiertamente la disposición contenida en el artículo N° 19 numeral 22 de nuestra Carta Fundamental. Esto último, dado que un sector de los profesionales de la educación que será beneficiado con el proyecto, aquellos que se desempeñan en los establecimientos de administración delegada, dada la calidad jurídica de sus sostenedores, se sitúan fuera del ámbito de la educación pública y forman parte de la enseñanza particular dentro del sistema mixto de provisión escolar consagrado en nuestra legislación.

Exigimos una reconsideración de esta medida, atendido el hecho de que ese día se escucharán las intervenciones de la señora ministra Adriana Delpiano, del señor Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, y de las Asociaciones de Municipalidades, ninguno de los cuales ha considerado en el tratamiento de esta iniciativa la situación que afectará a aquellos profesionales de la educación que se desempeñan en la educación particular subvencionada, que suman en total 101.000, que entre los años 2016 y 2024 se encontrarán en condiciones de acogerse a jubilación y que, dado el tenor del proyecto, no podrán acogerse a este beneficio solo en razón de su adscripción a la educación particular subvencionada.

Guido Crino Tassara
Primer Vicepresidente de Fide