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Cartas
Viernes 29 de julio de 2016
Cobros por uso de obras audiovisuales
Señor Director:
En el Senado, con suma urgencia, se intenta dictar una ley que obligará a un pago adicional a quienes pongan a disposición, radiodifundan, arrienden o comuniquen al público cualquier obra audiovisual (películas, videos publicitarios, documentales, etcétera). Este cobro afectará incluso a quienes ya han comprado los derechos de autor y, también, cuando se trate de obras licenciadas de manera gratuita por sus propios autores. Esto ocurre por tratarse de un derecho irrenunciable, adicional a los existentes en la Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual.
Como consecuencia de esta iniciativa, además del costo para hoteles, hospitales, restaurantes, locales comerciales y otros usuarios, quienes deberán pagar doblemente, se darán múltiples situaciones absurdas y abusivas que los legisladores parecen no prever. Por ejemplo, si un servicio público contrata la realización de una obra audiovisual en el marco de una campaña contra el Sida, además de pagar a la productora que lo realice y adquiera todos los derechos de autor, cada vez que suba ese video a su sitio web o lo comunique, deberá volver a pagar a directores y guionistas. O si el productor de un video publicitario lo comunica online o directamente al público, aun cuando haya adquirido todos los derechos de autor de la ley 17.336, deberá pagar al director y guionistas una suma adicional por cada utilización, hasta 70 años después de la muerte de estos.
Como guinda de la torta, por ser un derecho irrenunciable, los autores audiovisuales no podrán liberar de ese cobro por motivos altruistas o nuevos modelos de negocios, privando así a Chile del beneficio de las licencias abiertas.
Finalmente, si bien la justificación del proyecto es favorecer a los directores y guionistas nacionales, dado que el doble pago también será respecto de obras audiovisuales extranjeras, la mayor parte de lo recaudado será para extranjeros y la entidad de gestión colectiva que los represente, a costa de los usuarios nacionales. Por ello, es necesario que la Comisión de Educación y Cultura del Senado, así como el ministro de Cultura y las Artes, retiren la urgencia a este proyecto y tomen el tiempo necesario para ver todas sus implicancias y escuchar a los afectados. Solo así podrán reformularlo por el bien de nuestro país.
Luis Villarroel Villalón
Abogado Profesor Propiedad Intelectual Universidad Mayor