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Lunes 25 de julio de 2016
Corte de Apelaciones sanciona por primera vez a una ministra por maltrato laboral
Titulares, suplentes, abogados integrantes, relatores, una digitadora y un oficial cuarto describen el ambiente hostil que se vivió en la Séptima Sala.
"A este no se le puede pedir más"; "no saben hacer su pega y son innecesarios"; "no le expliques a él, no entiende nada". "Como relator era muy buen litigante"; "nadie sabe hacer el trabajo correctamente"; "¿dónde habrán estudiado?"; "este nunca va a aprender". "¿Sabes lo que es un fallo?; "este chico miente".
Esas son algunas de las frases que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago detalló en su resolución, en la cual sancionó con una amonestación privada a la ministra Javiera González por maltrato laboral.
La decisión es inédita, ya que nunca antes un tribunal de alzada había sancionado a uno de sus pares, y también es la primera vez que se aplica una medida disciplinaria por este tipo de conducta.
Reclamos de funcionarios del Poder Judicial, por el mal clima en la Séptima Sala, llevaron a la Corte Suprema a tomar medidas y a ordenó al tribunal de alzada una investigación sumaria, antecedentes a los que accedió "El Mercurio".
Denostación a ministra suplente
Treinta y seis testigos declararon en la indagatoria que sustanció el ex presidente de la Corte Carlos Gajardo, quien en un comienzo propuso una sanción más alta que censura por escrito. Entre ellos, 2 ministras titulares, 3 ministros suplentes, 5 abogados integrantes, 22 relatores -que son quienes explican a los ministros las causas que se ven-, una digitadora y un oficial cuarto.
¿La conclusión? Durante los meses de mayo a octubre de 2015, la magistrada, en el ejercicio de sus funciones como presidenta de la Séptima Sala de la Corte, "de manera reiterada denostó verbal y gravemente a la ministra suplente Elsa Barrientos, al ministro suplente Juan Manuel Escobar, a la relatora titular Carmen Gloria Troncoso, al relator suplente Alberto Álamos, a la relatora interina Tamara Muñoz, al relator suplente Álvaro Arriagada, a la digitadora de la Sala, Marisol Bahamonde, y al oficial cuarto titular, Carlos Bello".
"Acoso moral"
Otro de los cuestionamientos fue que la magistrada "corrigió pública y abusivamente la calidad del trabajo del abogado integrante Ángel Cruchaga (postulante a ministro externo de la Corte Suprema), al presentársele un proyecto de sentencia, afectando de ese modo la dignidad personal de este profesional".
Tras revisar estos antecedentes, el Pleno concluyó que tal conducta de "acoso moral" se dio en un plano de la persona que ocupaba un cargo superior al de las víctimas, "que debieron padecerlo, y fue ejecutada de manera voluntaria, sistemática y reiterada durante el período señalado, afectando, tal grave trato hostil, la dignidad e integridad psíquica de los funcionarios, manifestada en miedos y, en algunos casos, en ataques de llanto, al tener que enfrentar diariamente los abusos; asimismo, al recibir los funcionarios de viva voz los ataques y afectarlos en su dignidad personal, la situación generó ansiedad y desconcierto en los demás integrantes de la Sala, al ver cómo aquellos continuamente eran humillados". Dentro de los 36 testimonios, la mayor parte coincide en que nadie quería ir a esa Sala por el ambiente hostil y por los tratos descalificatorios.
Otros testigos, que no fueron víctimas de maltrato, igual presenciaron o escucharon algunos de los hechos denunciados.
Varios funcionarios describieron los llantos de dos relatoras, otro caso por licencia por estrés, un funcionario enfermo por "urticaria nerviosa" y otros dos jueces que, incluso, no querían volver como ministros suplentes a la Corte.
13 votos contra 7
La decisión de sancionar fue adoptada, tras un largo debate, finalmente por 13 votos contra 7. Ello, ya que diez magistrados -entre ellos, el presidente de la Corte, Jorge Zepeda- estaban por confirmar la censura por escrito que le aplicó el ministro Carlos Gajardo, que fue quien realizó el sumario. Al no existir una mayoría absoluta (11 votos), se tuvo que aplicar la sanción que seguía, por la cual estaban tres ministros que eran partidarios de rebajar a una amonestación privada.
La mayoría confirmó los cargos formulados (ver recuadro) y le agregaron el numeral 2 del artículo 544 del Código Orgánico de Tribunales, al haber "faltado gravemente a las consideraciones de dignidad debida a los funcionarios singularizados".
Otros siete fueron partidarios de sobreseer estos antecedentes. Los ministros Juan Manuel Muñoz, Javier Moya, Maritza Villadangos y Pilar Aguayo argumentaron que el inadecuado trato consistió "en inflexibles y reiteradas exigencias de carácter netamente laboral" y expresión "ruda, severa y muchas veces impertinente". No obstante lo dicho, sostuvieron que no se le imputan a la magistrada "incorrecciones en su lenguaje ni ningún tipo de expresiones insolentes o vulgares".
También se argumentó que González, cuando fue relatora en la Suprema, se desempeñaba principalmente "de manera solitaria" y que la interacción la tenía cuando asistía a Sala a cumplir con su deber de relatar o dar cuenta de las causas asignadas. Agregaron que ahora, en cambio, como juez de un tribunal colegiado, su trabajo es grupal "de interacción permanente con sus pares, subalternos y usuarios".
Miguel Vázquez, Mario Rojas y Juan Cristóbal Mera sostuvieron que los cargos "no alcanzan la gravedad para configurar alguna conducta merecedora de un reproche disciplinario".
La ministra Javiera González no apeló contra los cargos formulados por la Corte.