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Lunes 25 de julio de 2016
No solo Jadue pagó sus abogados con fondos de la ANFP: casi todo su directorio hizo lo mismo
Tras estallar el escándalo FIFA, la directiva del calerano firmó un anexo de contrato en que se determinó que el costo de sus eventuales defensas judiciales lo asumiría la propia Asociación. En noviembre de 2015, los directores contratan al penalista Marcelo Sanfeliú para que los represente ante el fiscal Gajardo.
En diciembre de ese año, el profesional cobró las primeras dos facturas por su trabajo, operación que fue autorizada por el entonces tesorero, Jorge Fistonic. El actual gerente general de la ANFP, Claudio Tessa, instruyó el pago. La mesa que hoy encabeza Arturo Salah no estaba enterada del rol de Tessa.
Antonio Valencia
Hasta antes del 27 de mayo de 2015, fecha en que estalló el escándalo FIFA, solo el entonces presidente de la ANFP Sergio Jadue contaba contractualmente con el privilegio de tener financiada su defensa judicial y representación legal con platas de la propia Asociación.
De dicha cláusula, por cierto, el calerano sacó evidente provecho: con fondos de la Corporación pagó millonarias sumas a los bufetes de abogados en EE.UU. desde junio de 2015, fecha en que aún no confesaba su responsabilidad en la recepción de coimas. Cuando se declaró culpable y se supo que costeó su defensa con dinero de la Asociación, el escándalo sumó otro capítulo a una saga que aún no termina.
La actual ANFP, de hecho, imputó la validación de dicha práctica -pago de abogados penalistas con dineros institucionales- como causal de despido a ex ejecutivos de Quilín.
El punto es que Jadue no fue el único que pagó con fondos ajenos abogados penalistas que debían ser de cargo personal. El resto de su mesa también lo hizo, según consta en los antecedentes ingresados en junio pasado en los juicios laborales de ex altos funcionarios de la corporacióndespedidos en los últimos meses.
"El Mercurio" accedió a la documentación disponible en los juzgados laborales.
Anexo de contrato
Una vez destapado el caso de corrupción que involucró a la Conmebol, en mayo de 2015, todo el directorio de Jadue optó por protegerse de la misma forma que el calerano: el 6 de julio de ese año, los directores firmaron un anexo en sus respectivos contratos de honorarios, en el que incluyeron la misma cláusula que tenía Jadue.
Pese a que la acusación original de la fiscalía este de Nueva York apuntaba a que nueve de diez "presidentes de asociaciones" de la Conmebol recibieron sobornos (el escrito es explícito en apuntar al cargo de presidente, no acusa a instituciones como la ANFP ), Cristián Varela, Jorge Fistonic, Alex Kiblisky y Jaime Baeza abrocharon el pago de sus eventuales defensas judiciales con cargo a los fondos de la Corporación.
Sanfeliú por Forteza
En primera instancia, la representación legal de todo el directorio la tomó el abogado José Pablo Forteza -aún hoy abogado de Jadue en Chile y en Estados Unidos-, pero en noviembre de 2015 y con el caso Sueldos encima (el Ministerio de Justicia declaró ilegal el pago de salarios a Jadue y su directorio), el directorio resuelve entregar su representación legal al abogado Marcelo Sanfeliú Gerstner, del estudio "Gamboa Fuenzalida Carreño Ugarte". Todo quedó en acta.
No perdieron tiempo, e inmediatamente recurrieron a sus servicios. Es más, el 26 de noviembre se produjo la primera reunión entre Sanfeliú y sus representados, que duró poco más de dos horas y media. Así lo detalló el propio penalista en su informe vía correo electrónico: "Reunión con directorio ANFP por tema sueldos, investigación penal, posible estrategia. Reunión con Antonio Martínez y elaboración de poderes", se lee en el e-mail que el profesional envió, el 28 de diciembre de 2015, al tesorero de la Asociación, Jorge Fistonic.
Dos facturas
El correo, que también es parte del expediente judicial, describe un total 16 reuniones entre el 26 de noviembre y el 28 de diciembre: reuniones y "updates" con el directorio; informe al cliente de gestiones realizadas ante la fiscalía; comunicaciones con el secretario ejecutivo de la ANFP, Óscar Fuentes, para definir la estrategia judicial; comunicaciones con el mismo Fuentes por incautaciones de la PDI; reunión con el fiscal de Peñalolén Felipe Sepúlveda; informe de reunión y obtención de orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos, y reunión con el fiscal Carlos Gajardo de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, entre otras.Las 16 reuniones totalizaron 33 horas y 15 minutos de trabajo del abogado Sanfeliú, por lo que, de acuerdo a la tarifa fijada, procedió a cobrar sus servicios mediante dos facturas: la primera por $5.965.382 millones, y la segunda por $3.229.267, ambas bajo la glosa "Asesoría profesional y defensa de los directores de la ANFP en investigación penal RUC 1500874269-0".
Fistonic y Tessa
"Estimado Jorge (Fistonic), de acuerdo a lo solicitado, te envío copia de la factura correspondiente a los honorarios profesionales. De acuerdo a tus instrucciones, he procedido a emitir la factura a nombre de la ANFP ", señala la misiva del 28 de diciembre enviada por Sanfeliú al tesorero de la ANFP, con copia a Baeza, Martínez, Varela, Kiblisky y Tessa."Te ruego gestionar el pago", completa.
De los directores de la ANFP, solo Martínez pactó directamente honorarios con Sanfeliú.
Un día después de recibido el correo, Tessa instruye al gerente general: "Rodrigo (Grumberg). Favor procesar este pago para sacar firmas", señala un e-mail enviado a las 15:17 horas.
Y así fue: el pago de las facturas 160 y 162 del estudio de abogados fue ejecutado el 4 de enero de 2016. El detalle también aparece en los documentos contables de la ANFP, firmados por Baeza, Fistonic y Varela.
"El Mercurio" intentó, sin éxito, comunicarse con ex directores aludidos. Este diario también realizó las gestiones para obtener la versión de Tessa, ejecutivo que ordenó a Grumberg pagar la defensa de los directores y que hoy es el gerente general de la ANFP.
De acuerdo con los antecedentes recabados, el directorio que hoy lidera Salah no estaba enterado del rol que le cupo a Tessa en el pago de abogados penalistas cuyas remuneraciones, de acuerdo a la tesis que sostiene la actual ANFP en tribunales, deben ser de costo personal, no institucional.
Con todo, en Quilín sostienen que la actuación de Tessa respondió a una orden del directorio de transición, por labores realizadas antes de su instauración.