Señor Director:

En relación con la carta del 21 de julio recién pasado de don Hernán Corral, publicada en vuestro diario, me parece importante aclarar algunas de sus afirmaciones.

Él sostiene que no era necesario ingresar un proyecto de ley de reforma al Servicio Nacional de Menores (Sename), cuando ya existía un proyecto de ley presentado en 2012 por el ex Presidente Piñera.

Conviene recordar que dicha administración presentó dos proyectos de ley sobre la materia. El que suprimía el actual Sename, creando dos nuevos servicios, ingresado a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados; y el proyecto de ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, ingresado a la Comisión de Familia de dicha corporación.

El proyecto de ley que dividía al Sename, presentado en 2012, no continuó su tramitación porque la comisión señalada resolvió que no era útil si no se enmarcaba en una ley de protección integral que considerara el conjunto de los derechos de los niños. El Gobierno de ese entonces presentó un proyecto con ese propósito en abril de 2013, el que no tuvo ningún avance en su tramitación.

Según las actas de la Comisión de Constitución de la época, el presidente de dicha instancia planteó la necesidad de tramitar en conjunto el proyecto del servicio y el de protección. Los parlamentarios de la comisión si bien hicieron presente su apoyo a la división del servicio, consideraban que existía una ausencia de claridad "sistémica", haciendo presente la necesidad de una "ley marco" que estableciera criterios generales.

Por su parte, en la Comisión de Familia se acordó por unanimidad suspender su tramitación (no avanzando en la discusión en particular), hasta que el Ejecutivo presentara sus indicaciones, lo que nunca ocurrió.

Frente a esta situación, y según recomendaciones reiteradas del Comité de Derechos del Niño de la ONU al Estado de Chile y recogidas en los compromisos del programa del actual gobierno, se decidió elaborar un nuevo proyecto de ley, el que incluye los aportes del proyecto de ley de protección ya referido, pero dentro de una ley marco que institucionaliza un sistema universal de garantías de los derechos de la niñez, que contiene un catálogo de derechos, principios y garantías, acompañados de una institucionalidad robusta (Subsecretaría, Consejo Interministerial y Defensor de la Niñez) entre otros aportes.

Conviene precisar que, a pesar de las dificultades que significa alcanzar acuerdos en materias tan delicadas, el actual proyecto de ley del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez fue aprobado en general por la unanimidad de la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara.

Gracias al debate parlamentario y a la flexibilidad que han mostrado tanto el Gobierno como los parlamentarios de todos los bloques políticos se han resuelto más de un tercio de las indicaciones presentadas. Entre otros puntos, se ha alcanzado un acuerdo plenamente satisfactorio en cuanto al deber preferente de los padres para educar y orientar a sus hijos, y al deber del Estado de respetar y apoyar el ejercicio de esta responsabilidad, asunto que preocupa al Sr. Corral.

No compartimos la visión del profesor en cuanto a que los artículos que declaran derechos en este proyecto de ley de garantías tengan una redacción de "alto nivel de lirismo jurídico", cuando estos han sido considerados ampliamente en la doctrina de derechos humanos como garantías normativas para su cumplimiento.

No hay duda de que el Gobierno debe abordar los problemas urgentes y hemos estado trabajando intersectorialmente en ello. Producto de este trabajo se enviará en los próximos meses el segundo paquete legislativo que contiene los proyectos de ley que crean dos servicios diferenciados y especializados en el área de protección de derechos y en la de reinserción social, los que superarán al Sename en un marco institucional diferente.

María Estela Ortiz
Secretaria Ejecutiva
Consejo Nacional de la Infancia