Calificado por el presidente del Senado como un asunto más delicado que Caval o las irregularidades en el financiamiento de campañas, ciertamente los alcances del caso de las millonarias pensiones de Gendarmería inciden en una diversidad de puntos críticos, desde la desigualdad en el trato a las personas hasta la captura de reparticiones públicas por grupos de presión o partidistas. Si todo ello habla finalmente de una cuestión política de fondo -el pobre funcionamiento de un aparato estatal al que sin embargo sectores ideologizados insisten en entregar aún más tareas, incluido nada menos que el control de la educación-, el cierre del bochornoso proceso de selección de candidaturas municipales ha puesto en evidencia otros problemas políticos inquietantes.

En ambas coaliciones dicho proceso ha estado signado por abundante ruido y acuerdos dificultosos cuando no frustrados. Ambas también han terminado desertando frívolamente de sus responsabilidades, para resolver vía encuestas telefónicas candidaturas en comunas conflictivas. Conocidas son las falencias metodológicas que este tipo de sondeos presenta, partiendo por aquella más obvia de excluir a potenciales votantes sin teléfono fijo, la imposibilidad de determinar anticipadamente quiénes concurrirán en definitiva a sufragar o el alto margen de error involucrado. Más grave es, sin embargo, el hecho mismo de transformar lo que debiera ser un insumo en el único instrumento decisor. Esto, manteniendo en la opacidad el respectivo resultado numérico y llegando al absurdo de proclamar "ganadores", cual si una encuesta pudiera equipararse a una elección real.

¿Cuál es el sentido de constituir ambiciosos comités si las cuestiones de real trascendencia política terminan siendo "subcontratadas" a empresas de opinión pública?

Quienes buscan ofrecer al país una necesaria alternativa de gobierno no tendrán credibilidad en sus esfuerzos si no muestran una mínima disciplina para gobernarse a sí mismos.

Chile Vamos en deuda

Sin perjuicio de reconocer la encomiable disposición de servicio público mostrada por un ex presidenciable como Joaquín Lavín, resulta especialmente complejo que Chile Vamos haya optado por recurrir a este procedimiento -negación de cualquier institucionalidad- en Santiago. Por su visibilidad, será este un municipio determinante para la medición de los bloques, en unos comicios que, al marcar el inicio del ciclo electoral, empezarán a definir también las opciones presidenciales. Poco se condice la relevancia de aquello con la referida precariedad del mecanismo escogido. Antes bien, sumado este antecedente a los problemas suscitados en otras comunas, se abren severas dudas respecto de la utilidad y solidez de las estructuras de que la coalición se ha dotado. Pues, en definitiva, ¿cuál es el sentido de constituir ambiciosos comités y repartir funciones con celo y equiparidad artificiosa si las cuestiones de real trascendencia política terminan siendo "subcontratadas" a empresas de opinión pública? Cuando el fin del sistema binominal amenaza fragilizar aún más el funcionamiento de las coaliciones, lo visto en estos días -incluso obviando hechos tan relevantes como la renuncia del senador Ossandón a su partido- abre dudas respecto del futuro de Chile Vamos y su capacidad para enfrentar tales escenarios.

Dudas que por cierto se acrecientan con episodios como el inicial fracaso en reunir los votos para aprobar la interpelación a la ministra de Justicia. Aunque este traspié pudo luego ser reparado, su ocurrencia dio cuenta de conductas de inusitada irresponsabilidad, como la de privilegiar la diputada interpeladora una entrevista radial por sobre la concurrencia oportuna a la sala de la Cámara. Quienes buscan ofrecer al país una necesaria alternativa de gobierno no tendrán credibilidad en sus esfuerzos si no muestran una mínima disciplina para gobernarse a sí mismos. Conductas que degradan a las instituciones

A menudo objeto injusto de cuestionamientos tan vistosos como accidentales -desde luego, aquellos centrados en el monto de las dietas parlamentarias-, son en cambio conductas como las descritas, que degradan las instituciones y revelan escasa conciencia de la dignidad de sus magistraturas, las que verdaderamente desprestigian y dañan a los miembros de la llamada clase política. Precisamente el episodio de Gendarmería ha puesto en evidencia este tipo de actuaciones. Y mientras se acumulan ya antecedentes respecto de cómo autoridades del Poder Ejecutivo toleraron y hasta alentaron prácticas abiertamente abusivas que recién ahora reprueban, en el caso del Legislativo "El Mercurio" informó esta semana cómo hace solo un mes senadores de todas las bancadas impulsaron y aprobaron un proyecto de acuerdo que pedía mantener las pensiones de retiro sin tope impugnadas por la Contraloría.

Ha de valorarse el mea culpa a que la revelación de este hecho ha dado lugar, pero ello no atenúa ni la gravedad de lo ocurrido ni la inquietante negligencia con que los senadores admiten haber tratado un asunto frente al que hoy, con justificadas razones, el país se escandaliza.