El Fondo Monetario Internacional (FMI), subiendo levemente su proyección anterior, ahora cifra en 1,7% el crecimiento de la economía nacional para este año y en 2% para el 2017. Con ello, el ritmo promedio de avance durante el actual gobierno apenas alcanzaría al 2% anual, menos de la mitad del registrado durante el cuatrienio del ex Presidente Piñera. La pronunciada desaceleración ya se hace sentir en las ventas de las empresas, los ingresos de los hogares y en la falta de financiamiento fiscal. El desempleo, por su parte, se ha incrementado solo moderadamente, pero mientras la economía no repunte, las perspectivas ocupacionales seguirán siendo sombrías.

Dos conclusiones surgen del análisis del FMI. La primera es que nuestro problema está lejos de explicarse solo por la situación internacional, como suelen hacer ver las autoridades. El crecimiento mundial previsto para este año -aun después del Brexit- es de 3,1%, muy superior al nuestro. Nos superan las tasas de crecimiento estimadas para Colombia, México y Perú, países cuyas exportaciones mineras o de hidrocarburos también se cotizan a precios muy desfavorables. ¿Qué hace a Chile, otrora la estrella de la región, ser el país de la Alianza del Pacífico con peor desempeño? En palabras de Alejandro Werner, director del FMI para la región: "Se ha pasado por un proceso de desaceleración intenso, en parte por el entorno internacional en el sector minero, pero también por la incertidumbre asociada al programa de reformas tan amplias, que ha tenido un impacto muy importante en la inversión y el gasto doméstico".

La segunda conclusión es que la estrategia del Gobierno para encarar el problema no parece estar dando resultado alguno. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha centrado sus esfuerzos en detener el desenfrenado aumento del gasto público incubado durante la gestión de su predecesor y en intentar zafarse de los compromisos programáticos más onerosos, como la gratuidad universitaria plena. Su compromiso con la disciplina fiscal es sin duda un factor de confianza, pero no ha podido eliminar el sesgo antieconomía de mercado y anticrecimiento que se percibe en la agenda legislativa del Gobierno. No parecen exagerar quienes ven que las empresas -responsables de la dinámica de la inversión y el empleo- terminarán el actual período presidencial recargadas de impuestos, entrabadas por una legislación laboral hostil, desacreditadas por una bien articulada campaña ideológica en su contra, y amenazadas por un proceso constituyente cuyas implicancias para la propiedad privada y la libertad económica son imprevisibles.

Dos meses atrás, en su mensaje del 21 de mayo, la Presidenta puso la recuperación del crecimiento como prioridad. Con razón, diagnosticó que debemos abocarnos a aumentar la productividad. Pero las acciones hasta ahora emprendidas por el Gobierno son notoriamente insuficientes. La gestión del ministro Valdés aún no logra cómo hacer que Chile vuelva a crecer.