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Cartas
Domingo 24 de julio de 2016
Licencias médicas
Señor Director:
El 22 de julio, se publicó un editorial denominado "La sangría de las licencias médicas", que menciona una investigación privada que señala gastos por US$ 300 millones en licencias médicas fraudulentas. No hay nada que justifique dicha afirmación.
Para emitir una licencia médica deben existir un enfermo o accidentado y un facultativo que la extienda con fundamento médico. La Ley 20.585 indica que la Superintendencia de Seguridad Social es el fiscalizador del correcto otorgamiento de licencias médicas. Desde mayo de 2012 a hoy, esta Superintendencia ha investigado a 1.100 médicos, un tercio por oficio y dos tercios por denuncias de pacientes, Compin o isapres. Del total, 234 han sido sancionados, incluyendo cuatro contralores de isapres, resultando 240 millones de pesos en multas y 2.770 días de suspensión de emisión de licencias a 48 médicos. De los sancionados, 69 son reincidentes y a 6 de ellos se les ha iniciado querella criminal. Los médicos sancionados son una mínima parte de los 35.500 facultativos registrados en la Superintendencia de Salud. La mayoría de los médicos de Chile tiene un comportamiento acorde a su juramento hipocrático.
Decir que el uso fraudulento de licencias médicas incrementa artificialmente los costos de la salud, impactando los costos operacionales de las isapres, no tiene asidero en el número de sanciones y denuncias de médicos infractores. Por cierto, puede mejorarse el control, pero para eso está la Ley 20.585, pues cualquier ciudadano, incluyendo empleadores, puede denunciar a un facultativo que se estima ha emitido una licencia sin fundamento médico. Lo que no puede ocurrir es que, con el argumento de reducir costos operacionales de las isapres o no afectar la productividad de las empresas, se vulnere el derecho de los trabajadores a la salud.
Claudio Reyes Barrientos
Superintendente de Seguridad Social