Señor Director:

Los últimos sucesos acaecidos en el Sename y en Gendarmería de Chile vuelven a poner en el debate público las debilidades del sistema de ejecución de sanciones penales de adultos y adolescentes, como el sistema de protección de la infancia y adolescencia vulnerable. Estas debilidades se arrastran desde hace años y son reflejo de lo que distintos informes, investigaciones y opiniones de comisiones, centros de investigación han venido alertando.

A estas alturas resulta clara la indiferencia que este grupo de la sociedad -presos y niños vulnerados en sus derechos- genera en la comunidad. Esto explica por qué los servicios a cargo han funcionado invisibilizados, sin modernización, fácil blanco de designaciones centradas más en lo político que en lo técnico y miradas como botín más que como servicio público.

También es claro que si no hay escándalos de tamaño mayor como muertes o pensiones desproporcionadas, el tema no es levantado y considerado en su complejidad. Cuestión no menor si tomamos en cuenta que desde hace años estos servicios funcionan en condiciones que desafían las nociones más básicas de dignidad humana.

El abandono histórico de estos grupos y de los servicios respectivos da cuenta de un letargo e indolencia inusual en el aparato público que exigen tomar medidas que van más allá de los clásicos cambios de directores nacionales. Además de la modernización estructural obvia de Gendarmería y el Sename, con profesionalización de los funcionarios, leyes modernas que se adecuen a los estándares internacionales en la materia, resulta clave incorporar mecanismos de control adicionales. Sería la ocasión de poner en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Adicionalmente deberían crearse como en Alemania comisiones parlamentarias permanentes que escruten las condiciones generales en que funcionan las cárceles, centros y hogares. Y por último, perfeccionar la figura del juez de ejecución de sanciones penales. Con estos controles -comunitario, político y judicial- que examinen las condiciones generales y se ocupen de la adjudicación individual de derechos se podrá contener de mejor forma la indolencia e indiferencia en que las autoridades incurren -y también la comunidad- cuando se trata de niños pobres y privados de libertad.

Prof. Dr. Álvaro Castro M.
Centro de Estudios de la Justicia Facultad de Derecho Universidad de Chile