El aumento de la deuda de Codelco en 10 mil millones de dólares en el período comprendido entre 2004 y 2015, superando con ello los US$ 13 mil millones (alrededor de un 150% de sus actuales ventas), es un síntoma más de las preocupantes circunstancias en las que se encuentra la cuprera estatal. La política del Estado de retirar, salvo contadísimas excepciones, el 100% de sus excedentes, los que incluidos los impuestos y el 10% de la Ley Reservada del Cobre, acumularon un total de 56 mil millones de dólares en el mismo período, ha requerido de una política de endeudamiento para abordar sus proyectos estructurales. Estos le permitirán mantener o, incluso, superar levemente la actual producción de cobre y alcanzar los dos millones de toneladas anuales, con lo cual, en un escenario favorable, preservaría su posición de privilegio en la industria y sus aportes al erario.

Sin embargo, la caída en los precios del metal rojo, el aumento de los salarios sin las correlativas alzas en productividad, la baja de la ley, la mayor dureza de la roca y las dificultades para conseguir agua, entre otras razones, dificultan ahora la generación de excedentes y, en consecuencia, la capacidad de seguir endeudándose para acometer esos proyectos. Se trata de proyectos complejos, que requieren un gran esfuerzo técnico, financiero y humano para ser abordados con precisión y de manera conjunta, como se pensó originalmente, o algo más diferidos, como se piensa ahora, todo lo cual representa un desafío mayor para cualquier empresa minera en cualquier parte del mundo. Esos problemas se ven incrementados por las rigideces para administrarla, dado su carácter estatal, tanto por los controles burocráticos que ello le impone como por la lentitud en la toma de decisiones cuando se debe involucrar a su dueño, el Estado.

El camino que el Estado de Chile ha seguido con Codelco, de endeudar la compañía en vez de capitalizar parte de sus utilidades, tuvo como objetivo mantener el flujo de recursos para nutrir el presupuesto fiscal. Pero, además, así como la banca ejerce un control sobre sus deudores, eso le permitió al Estado controlar por esa vía, indirectamente, la administración de la empresa y la sanidad de sus proyectos, algo que no está en condiciones de hacer, pues está administrando el país. La imposibilidad de recurrir al capital privado, como se hizo en el caso de El Abra, por razones políticas que carecen de asidero económico, ya superadas por Brasil y México respecto del petróleo, dificultan que ello se pueda considerar al momento de buscar formas de aliviar sus estrecheces, aunque sería, sin duda, una opción valiosa.