En un contexto mundial de recesión y bajo crecimiento económico, valoramos la presentación del proyecto de ley de Medidas para Impulsar la Productividad en el corto y mediano plazo en pos de nuestro desarrollo productivo, orientado a aumentar el bienestar social. Sin embargo, considerando el largo plazo, hay que preguntarse si las diversas reformas en marcha convergen en una mejora sistémica de la productividad. Más, concretamente, si la política de gratuidad de la educación superior puede servir para potenciar la mejora de las pedagogías de Chile.

Hace años que el Informe de Competitividad Mundial señala que nuestra debilidad competitiva se debe en gran parte a las insuficiencias de nuestro sistema educativo. Ello frena nuestra capacidad de innovar y nuestra incorporación y aprovechamiento de las mejores prácticas y tecnologías internacionales. Más gravemente, trunca la vida de muchos jóvenes, cuyo talento y potencial es desaprovechado porque el país no ofrece oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Chile ha avanzado en extender la cobertura en educación para sus jóvenes. Lo que falta -y es lo más difícil- es mejorar su calidad, sobre todo en los niveles prebásico, básico y medio. En efecto, es intuitivamente obvio y científicamente demostrable que la mejora de nuestro capital humano potencial depende de lo que sucede en el aula, y de manera decisiva de la calidad de los docentes. Si no se mejora el calibre de nuestros profesores, se pone techo a la mejora de nuestro sistema educativo. Por cierto, incluimos acá a los educadores de párvulos, puesto que los primeros años de educación son fundamentales para el desarrollo de las personas y determinantes del ingreso a la educación superior (mucho más que la falta de recursos).

Así como la recién aprobada ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente significa un avance en esta línea, se debe aprovechar la reforma de educación superior para articular y potenciar el esfuerzo en esta materia. La gratuidad en la educación superior significa acelerar el paso en ayudas económicas a los estudiantes de nuestra sociedad; pero, tal como se ha venido discutiendo, no hace esfuerzos por priorizar las condiciones de acceso y los beneficios a las pedagogías, consideradas fundamentales para el progreso de Chile. No hacerlo significa desperdiciar una oportunidad para promover mejoras en la captación de buenos alumnos para las pedagogías. Es más, tal como se discute la gratuidad -para todo alumno, independientemente de la carrera- hasta podría disminuir el potencial atractivo de las carreras de educación para los alumnos más vulnerables que, por ejemplo, significa la Beca Vocación de Profesor.

Priorizar la gratuidad en carreras consideradas fundamentales para el futuro del país, como son las pedagogías, puede ser un paso estratégico adicional en la dirección de mejorar nuestro cuerpo docente y, así, la calidad de nuestro sistema educacional. Para ello, se deben alinear políticas públicas en educación superior y de desarrollo profesional docente. Es preciso profundizar el concepto de educación de calidad como un derecho social, planteando una política pública integral hacia la atracción, retención y acompañamiento de futuros docentes; entregando financiamiento de arancel, manutención, apoyo a la permanencia durante la carrera, posibilidad de pasantías en el extranjero y becas de posgrado para alumno de alto perfil académico y vinculación con el medio. Solo así contaremos con los profesionales que nuestro sistema educativo necesita, capaces de impactar significativamente el desarrollo del capital humano que nuestro país requiere.

Joseph Ramos
Carlos Williamson