Sin duda, el marco regulatorio y el sistema de financiamiento son dos objetivos fundamentales de la Reforma a la Educación Superior (ES). Sobre el necesario ordenamiento institucional (Subsecretaría, Superintendencia, Consejo de la Calidad), tenemos muchos acuerdos. Sobre los aspectos económicos y el financiamiento del sistema (gratuidad para los estudiantes y aportes basales para instituciones que investigan), tendremos un debate más difícil y complejo. Pero hay un tercer objetivo, el fortalecimiento de la educación pública, que tiene aspectos conceptuales que nos obligan a reflexionar sobre la idea de universidad y enriquecen la discusión de los dos anteriores.

En primer lugar, lo público es consustancial a la universidad, pues ella es una institución que tiene como objeto el uso público de la razón. Mediante ella, busca desinteresadamente la verdad, cultiva disciplinas, investiga y transmite el conocimiento, lo difunde y lo enseña. Un espacio para pensar, para ser conciencia crítica de la sociedad, y que por ello debe gozar de autonomía y libertad. Un proyecto intelectual, un saber libre frente a cualquier poder económico, político o religioso.

En segundo lugar, el carácter público de la universidad no siempre coincide con lo estatal. Lo estatal sin duda debe velar por lo público, pero lo público excede con creces lo estatal. Las universidades nacen y son públicas diez siglos antes que exista el Estado nacional. Por ello, no es problema que en Chile haya una larga tradición de provisión mixta en ES. Lo anómalo es que existan instituciones desreguladas, de baja calidad, que lucren y que solo sean fábricas de profesionales. Por ello es tan importante que uno de los tres objetivos centrales de la Reforma de la ES, además de los institucionales y financieros, sea fortalecer la educación pública, tanto la estatal como la no estatal. Nadie duda de que el Estado deba velar por la calidad de las universidades estatales y ser responsable frente a sus universidades, especialmente aquellas que tienen serios problemas de calidad. De la misma manera, debe ocuparse y fortalecer a las universidades públicas no estatales, instituciones que investigan, forman personas y aportan bienes públicos al país.

En tercer lugar, para poner en práctica lo anterior, será fundamental objetivar cuáles son las características que hacen que una universidad sea pública y otra no lo sea. Deben ser criterios objetivos, ojalá verificables por una instancia nacional o internacional, y no por un conjunto de incumbentes. Es probable que todos convengamos en que deben ser de calidad acreditable, que realizan investigación y cultivan un conocimiento para formar personas y ponerlo al servicio de la sociedad; deben asegurar el uso público de la razón y que eso se consigue contando con un modo de gobierno que, por un lado, respeta la autonomía del proyecto académico y la libertad de cátedra, y, por otro, valora la participación de los diferentes actores en la conducción del proyecto; que siendo selectivas académicamente, no excluyen por razones económicas, sino que son capaces de integrar la diversidad cultural, económica y social.

En síntesis, para fortalecer a las universidades públicas es fundamental resolver adecuadamente la tensión entre lo estatal y lo público ("la más compleja" de la reforma, ha dicho la ministra de Educación). Estimamos que eso es posible si reconocemos que lo público es consustancial a la idea misma de universidad; que lo público no es sinónimo de lo estatal; y que es posible determinar las características que muestran el carácter público de una universidad.

Eduardo Silva S.J.
Rector Universidad Alberto Hurtado