Es un modo para encontrar soluciones o unificar criterios y así resolver asuntos de la más variada índole. Constituye una gran forma de comunicación y de encuentro entre personas y grupos. Dicho en otras palabras, es un camino para allanar diferencias o dificultades entre personas, grupos y países. Se le asigna un lugar de privilegio en la vida democrática porque configura una modalidad civilizada para buscar soluciones o para enriquecer iniciativas. A través de este camino de entendimiento, la pluralidad que configura un país se reúne hasta formar un todo, de modo que las personas puedan identificarse unas con otras.
Lo contrario es la imposición de una persona o de un grupo sobre otros. Esto no se produce necesariamente cuando se es incapaz de dialogar o de buscar acuerdos, sino más bien cuando no existe el ánimo de comunicarse con otros y se cuenta con la posibilidad de imponerse. Cuando esto se da, fallan la comunicación y el encuentro y, por ende, la integración de todos en un destino común. Hay veces, más a menudo de lo que se deseara, en que las crisis internas hacen imposible un diálogo constructivo que lleve al encuentro de las diversas partes; no es el caso de los chilenos en este momento.
Sin embargo, este gobierno se ha empeñado en imponer sus reformas basándose en una pequeña mayoría parlamentaria. Si se ha comedido a abrir algún diálogo, ha sido solo para aminorar la presión en contra, por haber constatado que sus reformas generaban un repudio mayoritario y eran perturbadoras para la gobernabilidad del país. Pero lo ha hecho sin afán de modificar ni un ápice sus pretensiones demoledoras del orden vigente, a pesar de todas las bondades que este ha demostrado.
El último episodio se vincula con la reforma que apunta a establecer el monopolio de los sindicatos en las relaciones laborales, sindicatos que finalmente deberán obedecer las órdenes del Partido Comunista para subsistir. En este caso, se ha buscado una forma oblicua de pasar por alto el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró inadmisible la imposición sindical que establecía el proyecto de ley aprobado.
Eludir la institucionalidad es desconocer y atacar una larga trayectoria de diálogos y encuentros, algunos muy lejanos en el tiempo, que sustentan y renuevan la unidad nacional. Con la discusión constitucional en curso está sucediendo algo análogo. El Gobierno nos está cerrando el futuro y fracturando la unidad, crisis de la que normalmente solo se sale con dolor y dificultad.