El informe entregado por la Contraloría General de la República sobre Financiamiento Fiscal a la Educación Superior del año 2015 nos aporta datos respecto de la composición de nuestro sistema de educación superior. El año pasado existían 16 universidades estatales, 9 universidades privadas con rol público, las cuales pertenecen al Consejo de Rectores, y 35 universidades privadas.

La evolución del sistema de educación superior chilena responde principalmente a la reforma de 1981 y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (1990), donde se liberalizó en gran medida la creación de instituciones de enseñanza terciaria. Así, las universidades privadas surgidas después de 1981 tuvieron estándares de exigencia mucho más bajos que las que se crearon con anterioridad a dicho año, por lo que las nueve universidades privadas con rol público que pertenecen al Consejo de Rectores se han caracterizado por tener, en su mayoría, altos estándares de calidad, además de demostrar su contribución en momentos donde el Estado no tenía la capacidad de solventar la demanda de profesionales que necesitaba el país para poder avanzar hacia el desarrollo.

Sin embargo, en la actualidad, el 52,4% de los estudiantes que ingresan a la educación universitaria asisten a instituciones de tipo privo creadas después de 1981, y el 26,6 y 20,8% ingresan a universidades estatales y del G9, respectivamente. Gran parte de las universidades privadas que no pertenecen a la red G9 ofertan carreras a estudiantes vulnerables con mínimos requisitos de admisión, engañándolos sobre la calidad que se les va a entregar.

Y eso no es todo, ya que el 43,5% del aporte fiscal a los estudiantes termina traspasándose a universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores. En contraste a esto, las universidades pertenecientes a la Red G9 y al Consorcio de Universidades Estatales reciben por concepto de financiamiento fiscal un 26,1 y 30,2%, respectivamente, por lo que gran parte de los dineros entregados por el Estado mediante el financiamiento a los estudiantes queda en las arcas de instituciones de educación superior privadas creadas después de 1981.

Si ahora agregamos el nuevo escenario, donde la gratuidad aumentará paulatinamente, las universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores terminarán acaparando gran cantidad de recursos estatales, ya que existe una mayor cantidad de estudiantes matriculados en ese tipo de establecimientos. Por lo que si no frenamos esta situación, el dinero del Estado terminará, paradójicamente, fomentando intereses particulares.

En base a estos datos, me gustaría invitar a los representantes de las universidades privadas que pertenecen al Consejo de Rectores a caminar junto a las estatales con el objetivo de elevar los estándares de calidad, rendición de cuentas y transparencia, adaptando nuestro sistema a los requerimientos actuales.

Finalmente, me gustaría enfatizar que, según los datos del informe, quienes tienen un trato preferente por parte del Estado son las universidades privadas que se crearon después de 1981, ya que tienen nula regulación, lucro sin castigar, acreditaciones cuestionables y de manera creciente año a año la entrega de recursos vía financiamiento de la gratuidad; la mayoría, sin demostrar calidad.

Juan Manuel Zolezzi Cid
Rector de la Universidad de Santiago de Chile
Presidente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo