Gravísimas evidencias de horadamiento creciente del orden público amenazan el Estado de Derecho y atentan contra la pacífica convivencia y el desarrollo de la nación, sin la respuesta eficaz de los responsables de garantizar la seguridad pública.

El aparato estatal -el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las fuerzas policiales- y amplios sectores de la dirigencia política parecen distantes de la proyección del aumento de la violencia y de su obligación de velar por derechos fundamentales de la población.

Hace algo más de un mes, protestas y demandas derivadas de la marea roja mantuvieron aisladas por semanas a la provincia de Chiloé, impidiendo a su población el derecho al trabajo, a la educación, al acceso a los servicios públicos de salud. Todo ello sin que por semanas mediara la pronta acción del Gobierno, de la policía y de la justicia para restablecer el orden.

Luego ocurrieron los lamentables sucesos del 21 de mayo que costaron la vida a un funcionario municipal por incendios provocados por los violentistas, quienes destruyeron bienes públicos y privados, y causaron serias agresiones a Carabineros. En lo que va corrido del año, sobre un centenar de carabineros han resultado lesionados por manifestantes.

Más recientemente, retornó el vandalismo al extremo de la profanación del Templo de la Gratitud Nacional y la destrucción de una imagen de Cristo durante otra manifestación cuyo penoso desenlace era predecible, y que fuera autorizada por la intendencia, en la principal arteria de la capital.

En estos días han recrudecido las tomas violentas de escuelas y universidades; la más preocupante ha sido la del Internado Nacional Barros Arana (INBA), con destrucción de las instalaciones y del mobiliario y el robo de computadores.

A este recuento de los episodios de mayor gravedad se agrega la permanente inseguridad y destrucción que prevalece en La Araucanía, no obstante la sorprendente afirmación de su intendente en cuanto a que se trataría de la tercera región "con mayor seguridad de Chile".

Ante el escalamiento de la violencia, no se advierte una respuesta adecuada ni coordinada de los organismos estatales que deben velar por el orden público. Tampoco se evidencia el interés debido de los dirigentes políticos por fiscalizar y apoyar la seguridad pública. La pasividad y la tolerancia frente a estas conductas restan legitimidad a las instituciones y merman la confianza ciudadana que merecen.

Ha sido necesario experimentar graves perjuicios para que las autoridades se resuelvan a negar permisos para marchar por las principales arterias de la capital metropolitana y de algunas regionales. Algo parecido está sucediendo con las tomas de establecimientos educacionales, donde se han producido algunos desalojos tras varios días y hasta semanas después de los requerimientos.

Nuevos protocolos de Carabineros y de la Intendencia Metropolitana entraban la restitución de los inmuebles, y varios alcaldes se resisten a pedir el uso de la fuerza pública. Se estima en cerca de cien las escuelas ocupadas por las fuerza.

A los perjuicios materiales deben sumarse los daños que se causan a las familias, a la formación de los estudiantes y a la imagen externa del país.

Esta preocupante realidad debe ser prontamente abordada mediante un conjunto de medidas de las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública. La escalada y la pasividad han transgredido la línea de lo que es razonable para la normal convivencia de la sociedad.