La Presidenta Michelle Bachelet, en su mensaje del 21 de mayo pasado, incluyó un conjunto de declaraciones tranquilizadoras, probablemente destinadas a reconquistar la confianza de la ciudadanía y favorecer la reactivación económica. Es así como aseveró que "sin crecimiento sostenido, el progreso social termina siendo una ilusión", admitió que las reformas que promueve han provocado incertidumbre y desaceleración económica, confirmó su crucial compromiso con la disciplina fiscal y -aludiendo al debate constitucional- proclamó que "son claves el respeto a la propiedad privada y el reconocimiento a su función social" agregando, claro, que "al mismo tiempo requerimos derechos sociales que protejan a las personas y equidad para la cohesión de la sociedad".

No puede desconocerse el valor de esas afirmaciones. En alguna medida ellas importan una suerte de rectificación respecto de la formulación planteada por el Gobierno en sus primeros dos años, en los que pareció ignorar el daño a los incentivos a emprender, invertir, innovar, producir y crear empleos que sus reformas podían ocasionar. Pero, desgraciadamente, el discurso reiteró el muy cuestionable diagnóstico en cuanto a que ellas serían indispensables para "cerrar la grieta social que se ha formado en nuestro país", pues de lo contrario "las tensiones y obstáculos crecerán y frustraremos nuestra oportunidad de progreso".

Dicho diagnóstico nace de una visión extremadamente crítica de la situación del país. La Presidenta dice haber escuchado y comprendido "que la sociedad nos pedía transversalmente" cambios para lograr más igualdad, terminar con los privilegios y los abusos, sacar de raíz la corrupción, el cohecho y el poder del dinero en la política. "Por eso propusimos reformas; por eso las estamos haciendo realidad; y por eso las vamos a llevar a buen término", sentencia.

Tras esa visión está sin duda la ola de malestar que surgió en los últimos años con motivo de bullados casos de malas prácticas o delitos económicos. Están también el descontento por el costo de la educación superior y las protestas estudiantiles del 2011. Habría que agregar también los casos más recientes de financiamiento irregular de la política y tráfico de influencias. Incidentes, todos ellos, que ciertamente han causado justificada indignación, exigen castigos ejemplares y ameritan cuidadosa revisión de las respectivas normas para reducir su probabilidad de ocurrencia. Pero, ¿justifican estos casos la negativa caracterización que la Presidenta hace del curso profundo de nuestra economía -"durante demasiados años nuestra productividad ha estado estancada", "los mercados han sido poco transparentes y poco competitivos"- y de nuestro sistema político y social?

Aunque al comienzo, entre los estudiosos de nuestra sociedad, la idea de que los sucesos señalados causaban descontento masivo y fundaban la demanda de cambios de fondo encontró gran acogida, hoy esa hipótesis es muy controvertida. Desde luego ella no parece avenirse con la escasa movilización y participación política que se observa desde entonces. Las encuestas sistemáticamente revelan gran desconfianza respecto de todas las instituciones, pero también satisfacción con los avances personales logrados y aprecio por la libertad de escoger. Las reformas "estelares" del Gobierno -según los últimos sondeos- son cada vez más impopulares y la aprobación de la mandataria apenas se empina sobre el 20%.

Nada de esto debería sorprender. Chile exhibe notables progresos económicos y sociales durante tres décadas. Nadie quiere sacrificar esos avances. Hay, por cierto, deficiencias en cuanto a productividad, competencia y falta de oportunidades. Pero ello no justifica paralizar la marcha de la economía y menos aún para edificar una "obra gruesa" -como la llama la Presidenta- que es muy discutible que sirva para subsanar esas fallas. La ciudadanía no puede sino evaluar negativamente la perspectiva de estancamiento económico, estrechez presupuestaria y cesantía creciente que se le ofrece. El primer paso para restablecer la confianza y reemprender la marcha puede ser reconocer que algo ha fallado en el diagnóstico y que más convendría -calladamente- dejarlo de lado.