Señor Director:

Cómo desearía poder celebrar las expresiones del ministro Eyzaguirre al garantizar el pleno respeto al derecho de propiedad que contendría el proyecto de nueva Constitución, y luego la categórica afirmación que hizo el ministro Valdés desde Londres respecto de la certeza jurídica imperante en nuestro país. Sin embargo, me inhibe el constatar una vez más la falta de alineamiento en un tema central para el progreso del país que se evidencia entre ellos y algunos de los parlamentarios de la Nueva Mayoría.

Hemos sido majaderos en señalar que para los sectores productivos en general es esencial tener plena certeza jurídica en materia de propiedad privada, en tanto para los agricultores en particular lo es respecto de la tierra como de los derechos de aguas, tal cual están consagrados en nuestra Constitución, que no hace más que reiterar una tradición de siglos, con las limitaciones que la función social impone a toda propiedad.

Lamentamos constatar que en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado de los días 3 y 10 de mayo recién pasado se sometieron a votación propuestas de modificación al Art. 19 números 23 y 24 de la Constitución, aprobándose la adición de tres nuevos incisos al número 23, con lo que extinguirían los derechos vigentes y permitirían otorgar nuevos derechos vía concesiones temporales, caducables, circunscritas a fines específicos y sujetas a pago de patentes o tasas, y el siguiente día 10 se rechazaron por reiteración de empate, la pretendida eliminación del inciso final del número 24 que reconoce la propiedad de los particulares sobre los derechos de aprovechamiento de aguas al consagrar que "los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".

De haberse aprobado la eliminación del inciso final del nº 24, antes transcrito, y con la previa aprobación de las tres adiciones al nº 23, se habría configurado el escenario inconstitucional de expropiación de todos los derechos vigentes sin ley y sin determinar indemnización.

El proyecto pasó a trámite en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, donde esperamos tener la oportunidad de ser escuchados, y que se tengan presentes las expresiones de los señores ministros, las que procuran restablecer las confianzas perdidas y, con ello, recrear el clima indispensable para seguir invirtiendo y reactivar nuestra alicaída economía y sus secuelas en el empleo.

Por último, reiteramos nuestra disposición a buscar soluciones eficaces a los reales problemas de disposición del recurso agua, que por cierto no se resolverán con la onerosa extinción de los derechos de los particulares, sino con ello solo es esperable que se agudicen los conflictos en medio de un ambiente de gran efervescencia social.

Patricio Crespo Ureta
Presidente Sociedad Nacional de Agricultura